La escritora mexicana Lydia Cacho (der.) asistió hoy, hoy, en la Ciudad de México, a una reunión con la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan (cen.). (EFE)
La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, afirmó que México falla sistemáticamente en aplicar la justicia y garantizar los derechos humanos.
"El sistema de justicia criminal en México tiene fallos sistemáticos, que suceden una y otra vez en cualquier parte del país", dijo la máxima responsable de la organización internacional defensora de los derechos humanos.
Khan, que inició una visita de una semana al país, se manifestó así durante una rueda de prensa junto a varios activistas y víctimas de supuestos abusos a los que puso como ejemplo de esta situación.
Los más afectados por los fallos de la justicia en México son los pobres, los indígenas y las mujeres, apuntó Khan.
"Se ignora y se niega la existencia de violencia contra las mujeres", lamentó la secretaria general de AI.
La secretaria afirmó que, aunque el país promueve internacionalmente el respeto a los derechos humanos, "en casa" falla a la hora de garantizarlos.
Entre los casos presentados por AI se encontraban los de desaparecidos políticos, mujeres asesinadas en la frontera norte y detenidos por los disturbios de San Salvador Atenco (junto a la capital) en 2006, donde se investigan supuestos abusos policiales.
La humillación de los detenidos y los abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad son una de las principales preocupaciones de la organización internacional, puso de manifiesto su secretaria general.
La dirigente se reunirá con diversos ministros del Ejecutivo y el martes próximo con el presidente Felipe Calderón para hacerle llegar "las voces" de aquellos cuyos derechos no han sido respetados.
Khan se entrevistó con el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz, para entregarle el informe elaborado por AI sobre el conflicto social que desde el año pasado afecta la entidad.
Las protestas de un colectivo estatal de maestros y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) contra el gobernador oaxaqueño derivaron en batallas campales durante la segunda mitad de 2006, reactivadas recientemente.
El documento manifiesta que "al menos 18 personas murieron en circunstancias controvertidas y decenas fueron víctimas de detenciones arbitrarias y recluidas en régimen de incomunicación, entre ellas, varios menores".
El informe menciona también que "se recibieron numerosos reportes de tortura, malos tratos y juicios injustos, y se amenazó y hostigó a quienes defendían y promovían los derechos humanos".
AI señala que las autoridades judiciales no protegieron las escenas del crimen, ni investigaron denuncias, ni han practicado las pruebas forenses pertinentes, ni han recabado testimonios de testigos posibles, ni verificaron las pruebas.
El gobernador Ruiz rechazó las conclusiones del informe y lo tachó de "parcial", mientras que Khan afirmó haber salido "decepcionada" del encuentro con el mandatario oaxaqueño.
