Dentro de la Iniciativa Mérida de cooperación bilateral contra el crimen organizado, el Gobierno de México no aceptará condicionamientos del Congreso de Estados Unidos que violenten la soberanía del territorio, decisiones o intereses, aseguró la canciller Patricia Espinosa Cantellano.
Informó que por ello darán un seguimiento a las discusiones y al resultado de las mismas en el Legislativo estadounidense para evaluar seria, clara y minuciosamente cómo se haría la transferencia de recursos en las áreas que a México interesa.
“No habrá precipitaciones para tomar decisiones o instrumentar este compromiso político entre México y Estados Unidos”, dijo la secretaria de Relaciones Exteriores durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
Confirmó que será hasta principios del próximo año (enero o febrero) cuando el Congreso de Estados Unidos discuta y resuelva la aprobación de los primeros 500 millones de dólares (de mil 400 que contempla en total la iniciativa para los próximos tres años), dentro de su presupuesto para el año fiscal 2008.
Dijo además que de ninguna manera se permitirá que la iniciativa de cooperación tenga un impacto negativo sobre la situación de los migrantes mexicanos que intentan atravesar hacia Estados Unidos de manera indocumantada.
El reclamo generalizado principalmente de los diputados de los distintos partidos políticos fue la opacidad con la que se manejó la negociación y conclusión de la Iniciativa Mérida, ante lo que la canciller aceptó: “No hemos sido eficaces para explicar los alcances de la iniciativa”.
Los legisladores del PRI, José Murat, del PRD Humberto Zazueta y Cuauhtémoc Sandoval le solicitaron a la canciller Patricia Espinosa, los memorando que se firmaron con la Casa Blanca para este plan. Espinosa Cantellano señaló que el documento signado, es la declaración política conjunta que se emitió el 22 de octubre y que expresa un compromiso de cooperación en la lucha contra el crimen organizado.
No obstante, la titular de la política exterior aseguró: “Si fuera necesario suscribir algún documento que de acuerdo con nuestra legislación requiera la aprobación del Congreso, acudiremos a esta Soberanía para hacer consultas pertinentes y en su caso someterlo a consideración”, dijo la funcionaria.
