El combate a la delincuencia ha sido indudablemente la acción de Gobierno más llamativa del presidente Felipe Calderón desde su llegada al poder hace casi seis meses.
Calderón ha mandado la señal al crimen organizado de que su Gobierno los atacará de frente y no les sacará al bulto como ocurrió en los sexenios anteriores.
Los resultados todavía están por verse toda vez que conforme se aprieta a la delincuencia y en especial al narcotráfico suben de volumen y cantidad las reacciones violentas.
Hasta mediados de mayo se habían registrado mil 046 ejecuciones en el país lo que muestra una tendencia superior a 2006 cuando el total de muertes violentas fue de dos mil.
Las acciones realizadas hasta ahora son consideradas insuficientes por la población mexicana, pero el Gobierno de Calderón mantiene un amplio apoyo en su plan de seguridad.
Tanto el primer mandatario como el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, han dicho en repetidas ocasiones que la lucha apenas empieza y que la guerra contra el crimen arrojará muchas muertes durante los próximos años.
Es difícil saber en que momento el cáncer de la corrupción combinado con la impunidad penetró los órganos de justicia, seguridad y la política de México para crear una oleada de violencia.
Realmente no conocemos hasta dónde están infiltradas las instituciones mexicanas, pero obviamente no estamos muy lejos del caso Colombia en donde la corrupción del narcotráfico contagió por igual a todos los sectores de aquella nación.
El perredista Ricardo Monreal advirtió que durante las campañas políticas de 2006 todos los partidos recibieron dinero del narcotráfico. No ofreció pruebas, pero viniendo esta declaración de un político con la trayectoria de Monreal es digna de ser analizada.
Hoy en día la discusión más candente se ha centrado en la intervención del Ejército Mexicano en los operativos de seguridad a lo largo y ancho de la República.
Los militares salieron de sus cuarteles para brindar seguridad a la población a través de patrullajes, retenes e investigaciones de Inteligencia en contra del crimen.
No es la primera vez que esto ocurre en México, pero hoy las críticas han subido de tono por violaciones a los derechos humanos y conductas delictuosas atribuidas a militares en ejercicio.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside José Luis Soberanes llegó al extremo de solicitar al Gobierno de Calderón que regrese a los militares a sus cuarteles.
Sin embargo, en encuestas recientes el pueblo de México aprueba la participación del Ejército Mexicano en las tareas de combatir a la delincuencia porque considera que es la única institución capaz de poner orden y freno a la violencia generalizada.
El Gobierno calderonista tiene muchos pendientes, como capturar a narcos de la talla de Joaquín “el Chapo” Guzmán, extraditar a Benjamín Arellano Félix, amén de confiscar las propiedades e inversiones bancarias de los poderosos cárteles para debilitarlos.
Será imposible lograr lo anterior sin aprovechar la disciplina, preparación y las armas del Ejército Mexicano para aplacar al narcotráfico cuyo poderío económico y físico son de sobra conocidos.
No obstante el apoyo popular es preocupante que en ciertos sectores de México se desacrediten las acciones contra el crimen sólo por la intervención del Ejército.
Consideramos que el desastre ocasionado por la delincuencia organizada merece el uso de toda la fuerza del Estado, no puede ser de otra manera.
A grandes males, grandes remedios, dice el viejo refrán. Se vale criticar los excesos y las arbitrariedades de los militares, pero sin olvidar que el enemigo a vencer está afuera y que si los mexicanos no apoyamos a las autoridades jamás serán vencidas las mafias del crimen y el narcotráfico.
Envía tus comentarios a josahealy@hotmail.com
