EL SENADO DE LA REPÚBLICA con 105 votos y la unanimidad todas las fracciones partidistas, aprobó la llamada Ley de Salarios Máximos de los Funcionarios Públicos, conforme a la cual ningún funcionario público podrá devengar un sueldo mayor al que devengue el Presidente de la República.
LA INICIATIVA se inspiró en la inconformidad que los diversos sectores de la población y la opinión pública en general, habían venido manifestado por los montos irracionales de los sueldos de muchos servidores públicos, vicio que se extendió a los presidentes municipales, muchos de ellos de pueblos rabones, que se fijaban sueldos hasta de 400 mil pesos al mes más lo que viniere.
DESGRACIADAMENTE LA NUEVA LEY no llegó hasta los más consentidos del sistema político mexicano. Me refiero a los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que forman el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los inefables integrantes del Instituto Federal Electoral, quienes seguirán gozando con sueldos de tal nivel, que superan los 450 mil pesos al mes, más lo que viniere.
LOS ARGUMENTOS esgrimidos por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir disfrutando de tan envidiables ingresos, fueron palabras más, palabras menos: “El diseño constitucional del Estado democrático de Derecho, demanda salvaguardas y garantías para amparar a los juzgadores, como son la inamovilidad, la irreductibilidad de su salarios y la previsión de un retiro digno”.
OTROS ARGUMENTOS de los empleados privilegiados dentro de un país pleno de pobres, fueron los siguientes: “Que no existan temores de corto plazo y sin miedo a las amenazas externas que pretenden influir indebidamente en sus decisiones, etc. etc. etc.”.
ESOS ARGUMENTOS PUEDEN hacerse valer y aplicar a todo servidor público, desde un simple policía que se juega la vida frente al crimen organizado, hasta el Presidente de la República que tiene en sus manos el destino del país y que si tiene que afrontar verdaderas presiones internas y externas por parte de los Estados más poderosos del mundo, no de simples litigantes o partidos políticos como sería el caso de los integrantes del IFE, la SCJN y del Trife. Con estos argumentos, parecería que esos funcionarios son proclives a la corrupción, cuando no devengaran un altísimo sueldo.
QUÉ LEJOS ESTÁN estos señores de la conducta de Don Benito Juárez cuando dijo y cito de memoria: “El servidor público no debe esperar altas remuneraciones por su trabajo. Debe, por el contrario, acostumbrarse a vivir en la justa medianía que la República pueda pagarle por sus servicios”.
QUEDA PENDIENTE el asunto de las pensiones para los ex presidentes y el apoyo en recursos humanos que se les facilita que no están establecidos en una Ley, sino mediante un decreto de tipo administrativo y que siendo un asunto muy menor comparado con los millonarios sueldos ya comentados, satisfaría más que otra cosa, ese pequeño rencor que el mexicano tiene en contra de cualquier ex mandatario, pero esto será tema de otra columna.
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