Las iniciativas del Ejecutivo para combatir la delincuencia organizada en el país, serán modificadas en el Senado.
Ya hay consenso para hacerlo y asegurar que las propuestas de reformas a la Constitución y al código penal no afecten garantías individuales.
Por acuerdo de los diversos grupos parlamentarios, el cateo domiciliario, arraigo e intervención telefónica requerirán forzosamente la orden del juez.
El dictamen podría estar terminado para un periodo extraordinario del Congreso de la Unión en julio o agosto, precisó Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia del Senado.
Hay grupos técnicos de la comisión que trabajan en la redacción de un anteproyecto que ha recogido las preocupaciones de los grupos parlamentarios del PRI y PRD.
El presidente Felipe Calderón, el pasado 9 de marzo, envió al Poder Legislativo un paquete de iniciativas con el propósito de reforzar la lucha contra la delincuencia organizada.
Hasta ahora, el Senado, que es la Cámara de origen, todavía no cuenta con un dictamen. Legisladores del PRI y PRD objetaron desde el primer momento parte del contenido de la propuesta del titular del Poder Ejecutivo.
Ante la preocupación de parlamentarios y expertos en materia judicial, se ha decidido dar marcha atrás a la idea de realizar cateos domiciliarios, arraigos e intervenciones telefónicas sin la orden del juez.
En su lugar se buscaría un mecanismo que haga ágil la emisión esa orden.
También se ajustaría la idea de contar con un código penal único en el país, porque hay mandatarios estatales que en las reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) han expresado su rechazo a claudicar a sus facultades de reglamentar el código en sus respectivos estados.
González Alcocer dejó en claro que el Ejecutivo “no pretende sostener a fuerza en todos sus términos las iniciativas que mandó a esta Cámara”.
Por ello, adelantó que en este caso, en lugar de un código único, podría ser un “código tipo”, que fuera referencia para todas las entidades, a fin de atender la observación de gobernadores.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, aseguró que “va muy avanzado” el estudio de las iniciativas del Ejecutivo en materia de procuración de justicia.
“Estamos ciertos que, ya descartados todos aquellos asuntos que violentaban las garantías individuales y que han aceptado en el Gobierno Federal no insistir en ellos, podemos enriquecer las iniciativas para darles mejores instrumentos en el combate a la delincuencia”, comentó Beltrones.
En las negociaciones de esta reforma, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, quiere que también se incluyan los juicios orales, pero en este punto no hay consenso, porque para el PAN, su establecimiento implica por lo menos un proceso de seis años.
Primero, según los panistas, la estructura del Poder Judicial tendría que pasar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio.
