Quizá fueron las pasiones en contra de los medios, quizá el espectáculo de ver confrontados a los legisladores con los rostros más visibles de las pantallas, quizá el morbo por el ánimo vengativo de “cortar cabezas” a los consejeros del IFE, quizá la distracción generalizada que priva ante el bombardeo de noticias amarillas, quizá el desconocimiento de las normas vigentes y de los principios subyacentes y también de las propuestas y sus consecuencias, causas puede haber muchas. El hecho concreto es que la opinión pública parece no haberse percatado de las varias amenazas a las libertades ciudadanas encerradas en la reforma política. Comienzo por la más ominosa.
Nuestra libertad de expresión está amenazada. No es una exageración. De prosperar la reforma propuesta nuestra libertad de expresión consagrada en el Artículo Sexto constitucional será intermitente. Durante los periodos no electorales los ciudadanos y las agrupaciones de cualquier tipo podrán contratar espacios en los diferentes medios, escritos o electrónicos, para dar libre expresión a sus ideas. Pero para los periodos electorales se propone el siguiente párrafo: “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
La novedad legislativa establece con toda claridad que los partidos políticos no podrán contratar por sí mismos o por terceros tiempos en radio-televisión. Lo cual es correcto, se centraliza, como en muchos países, el uso de los recursos públicos para garantizar un juego parejo de los medios frente a los diferentes candidatos. También está prohibida y es correcto, la triangulación de recursos, es decir que una empresa o un grupo ciudadano compren propaganda a favor del candidato X o Y. Correcto. Lo que resulta groseramente violatorio del Artículo Sexto constitucional es impedir que los ciudadanos por sí mismos, a título individual o agrupados puedan contratar con privados formas de expresión de sus ideas y de comunicación con sus conciudadanos. Se trata de un gravísimo retroceso en nuestras libertades básicas.
El argumento para llegar a esta aberración se construyó así, de hecho nace de un prejuicio contra los empresarios. Se piensa que los señores de los dineros son los únicos que pueden contratar ese tipo de espacios. Ya ocurrió en 2006 -se dice- con el CCE, no se cuestiona la legalidad del hecho. Equivale a poner las elecciones en sus manos. Vamos por partes. Los señores de los dineros y de las empresas, los generadores de empleo y riqueza, están en todo su derecho, como cualquier otro ciudadano, de expresar sus puntos de vista en cualquier momento, estemos en periodo electoral o no. Los señores de los dineros representan un punto de vista particular del acontecer nacional como también lo tienen los sindicatos, las agrupaciones de profesionales, los productores agrícolas, los exportadores, los encuestadores –que también salieron afectados con la reforma- o los grupos minoritarios, madres solteras, las personas de capacidades diferentes o las minorías sexuales. Los intelectuales con frecuencia hacemos uso de los desplegados para provocar reflexión e incidir en nuestros conciudadanos.
Pero el párrafo no deja dudas: “Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda (subrayado nuestro) en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos...”. Los ciudadanos tenemos en todo momento el derecho de expresar nuestras opiniones sobre el quehacer de un partido o de sus candidatos, si eso es considerado propaganda mala tarde. En su primera acepción la propaganda está vinculada a la religión; en su segunda se refiere a “propagar doctrinas y opiniones”; en la tercera supone “dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos”. En algún sentido todos hacemos propaganda, los ecologistas, aquellos que favorecen los juicios orales, los defensores de las minorías, los que luchan a favor de la igualdad de géneros o por mayor igualdad social. Se llama pluralidad. Por limitar a las cúpulas empresariales, los señores legisladores pretenden cercenar una parte de la libertad de expresión de cualquier ciudadano. De ese tamaño es la aberración.
Pero el asunto, además de ignorancia jurídica, conlleva cierta perversión. Las cúpulas partidarias que tanto odian a las empresariales, le asignan al IFE en exclusiva la facultad de contratar cualquier tiempo para la difusión de ideas. Además se asignan a sí mismos la facultad de remover, mantener bajo amenaza –como lo estamos viendo- y designar a los consejeros electorales. Al controlar indirectamente al IFE serán ellos los dueños de la transmisión de ideas por vía de los medios. ¡Genial! Supongamos que un candidato o un partido sale con un planteamiento homofóbico o xenófobo ni usted ni yo ni ninguna organización ciudadana podrá acudir a los medios a defender su punto de vista. Hacia allá vamos. ¿Patidocracia?, por supuesto, peor aún autoritarismo de partidos con posibilidad de devenir en “partidura”.
¿Qué nos queda? En primer lugar propagar el riesgo, hacer propaganda. No se trata de regresar a la deformación de los dineros públicos en los medios, nada tiene que ver. Tampoco la defensa de un grupo, el que sea. Se trata de explicar por qué los derechos de cualquier ciudadano están siendo cercenados. Segundo, generar amparos masivos. Quedan unas cuantas semanas. Hay prisa.
