La relación entre el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón no marcha del todo bien, contrario a lo que intentan hacer ver sus representantes. Basta repasar algunos hechos recientes, aparentemente aislados, para intuir que las administraciones del priista Humberto Moreira y del panista José Ángel Pérez atraviesan por una etapa de desencuentros.
Aunque en el tema de seguridad pública ambos niveles de Gobierno han manifestado abiertamente su interés de mejorar la coordinación entre sus corporaciones para “blindar” a la región contra el crimen organizado, lo cierto es que en uno de los puntos fundamentales, el recurso económico, no ha habido acuerdo entre las partes. Desde el año pasado, el Ejecutivo Estatal ha dejado muy clara su posición respecto al destino de la aportación prometida para el Fideicomiso de Seguridad Pública. El Gobierno de Moreira ha dicho que está dispuesto a entregar los 20 millones de pesos anunciados al inicio de la Administración siempre y cuando sean invertidos en el equipamiento y desarrollo tecnológico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, tal y como es el objetivo del fideicomiso. Pero la Presidencia Municipal quería usar parte de ese dinero para el gasto corriente de la corporación, es decir, para el pago de los sueldos de los policías. La demora en la entrega de los recursos generó en el Ayuntamiento resquemor por la percepción de que el Estado estaba imponiendo condiciones al cumplimiento del compromiso. Hace algunos días, en reunión del comité del fideicomiso celebrada en Torreón, pareció quedar salvada la diferencia, cuando el alcalde José Ángel Pérez y el secretario estatal de Seguridad, Fausto Destenave, acordaron aportar en conjunto 26 millones de pesos para la consolidación del Centro Regional de Control de Crisis. No obstante, en Saltillo, el gobernador Moreira reafirmaba su posición frente al tema.
Otra diferencia entre ambas Administraciones se presentó hace algunas semanas en el Comité Técnico del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), cuando el Gobierno Estatal propuso invertir los 354 millones pesos que quedan para obra pública en tres proyectos de infraestructura vial para el municipio. Pero el alcalde torreonense pidió a los integrantes del comité que pospusieran la aprobación de la propuesta hasta que estuviera preparada la “lista de regalos” para la ciudad por su Centenario, la cual contempla obras en el Centro Histórico. Como lo hizo en el tema del Fideicomiso de Seguridad, el Estado exhortó al Ayuntamiento a respetar el espíritu del comité, que en este caso es el mejoramiento de la infraestructura vial. Esta divergencia mantiene “congelados” los recursos pendientes del ISN.
Pero el desencuentro no termina ahí. Los problemas, legal y laboral, por los que atraviesa actualmente el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) han adquirido un claro tinte político. Por una parte, la auditoría integral externa promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y obviamente aprobada por el Congreso local, de mayoría tricolor, ha desencadenado un enfrentamiento abierto entre diputados panistas y priistas y uno más sordo entre la Administración de José Ángel Pérez y el PRI estatal, cuya máxima figura, como sucede en todas las entidades de Gobierno tricolor, no es el presidente del comité ejecutivo sino el gobernador. El Ayuntamiento ha argumentado que una nueva auditoría a las cuentas del Simas bajo la gestión de Guillermo Anaya como munícipe, es innecesaria y violatoria de la autonomía municipal, por lo cual ha abierto la posibilidad de interponer un recurso de amparo. Y por otro lado, la reciente huelga de los trabajadores del Sindicato de Simas, afiliado a la priista Confederación Mexicana de los Trabajadores (CTM), iniciada por la, según el alcalde, “cerrazón” del gremio, ha motivado la sospecha en el Municipio de que hay “alguien” detrás del movimiento. José Ángel Pérez ha dicho textualmente: “Yo no quisiera pensar que el Gobierno del Estado tenga metidas las manos, pero hay algo atrás que se ve, alguien, son muchas señales”.
Para atizar un poco más la lumbre, en un hecho inusitado los regidores panistas del Ayuntamiento de Torreón convocaron a sesión extraordinaria de Cabildo el viernes pasado para promover y “mayoritear” una propuesta para solicitar un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la recientemente creada Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna, a cargo de Eduardo Olmos. Los ediles blanquiazules argumentaron que la nueva dependencia obstruye el desarrollo de las obras públicas impulsadas y ejecutadas por el Municipio. El alcalde se mostró sumamente “sorprendido” por sus regidores y se retiró de la sala de Cabildo “muy enojado”.
Con esta actitud, José Ángel Pérez intentó mostrar arduo empeño en marcar distancia de la “extraña y repentina” actitud de sus ediles -que, por cierto, en lo que va de la Administración siempre lo han secundado. Queda la duda, pues, de si en verdad el munícipe ignoraba las intenciones de su fracción o se trató de una estrategia política previamente consensuada. Lo evidente es que la decisión aprobada por el Cabildo implica un enfrentamiento directo del Ayuntamiento de Torreón con el Gobierno de Coahuila.
Como puede verse, la relación entre Estado y Municipio no marcha bien. Los desencuentros son evidentes y más allá de las repercusiones que esto tendrá en el desempeño de cada uno de los gobiernos y la carrera política de sus representantes, lo cierto es que con esta situación el que pierde más es el ciudadano de Torreón, quien siempre espera que las autoridades trabajen en pro de un mismo objetivo: el bien común y en aras de mejorar el nivel de vida de la población.
