Elba sabe que su trabajo implica riesgos, como el de que hombres armados lancen ráfagas de metralleta e incluso una granada, al refugio donde ella y sus colaboradores protegen a mujeres víctimas de violencia extrema, en Mazatlán, Sinaloa. (El Universal)
Almendra, Elsa, Elba, Wendy y Leticia, dirigen refugios para mujeres en ciudades en las que la violencia es una forma de vida.
Son mujeres y realizan un trabajo de alto riesgo, sin más protección que el autocuidado, aprendido en la tarea de rescatar y proteger a otras mujeres de la violencia, familiar o de cualquier otro tipo.
Almendra, Elsa, Elba, Wendy y Leticia, dirigen refugios para mujeres en ciudades en las que la violencia es una forma de vida, como Mazatlán, Ciudad Juárez, Tapachula, o Zacatecas, donde la gobernadora, de extracción perredista, ha ignorado las solicitudes de apoyo para el centro.
Elba sabe que su trabajo implica riesgos, como el de que hombres armados lancen ráfagas de metralleta e incluso una granada, al refugio donde ella y sus colaboradores protegen a mujeres víctimas de violencia extrema, en Mazatlán, Sinaloa.
Las amenazas, las agresiones verbales y físicas son parte de su labor cotidiana en una ciudad en la que existe una subcultura del narcotráfico y en la que 67 por ciento de las usuarias de los dos refugios que dirige tiene algún vínculo con narcotraficantes.
Aunque la ubicación de ambos centros (uno de transición y uno de alta seguridad) es confidencial, “filtraciones” de la Policía o del Ministerio Público han permitido a algunos esposos o compañeros de las mujeres que ahí se alojan llegar tan cerca como para vulnerar la seguridad del inmueble.
“Fue de madrugada, a eso de las 2 de la mañana se oyeron ráfagas de metralleta contra las bardas del frente del refugio, que ni los vecinos sabían qué era”, explica Elba al recordar el ataque contra el refugio de transición, ocurrido hace unos meses.
Los agresores viajaban a bordo de una camioneta, dispararon sin detener la marcha e intentaron regresar para seguir disparando, pero se estrellaron contra una palmera ubicada frente al inmueble. Entonces uno de ellos lanzó una granada hacia el refugio, que cayó fuera y no estalló, “por suerte, porque el pobre guardia habría muerto”, relata.
“Adentro, las mujeres y niños estaban pecho tierra, están acostumbrados a oír disparos y por los simulacros de seguridad que hacemos todos los meses. El Grupo Antisecuestros de la Policía Judicial estatal llegó y nos ayudó a trasladar a todos, personal incluido, al refugio de alta seguridad. Todo porque teníamos a la esposa del principal gatillero del ‘Mayo’ Zambada”, precisa.
Ese es el perfil de la mayoría de los casos que llega a los dos refugios para mujeres de la asociación civil “Por el Valor de la Mujer”, explica Elba. Sin embargo, todo el personal que trabaja en los 55 refugios del país enfrenta riesgos similares, aclara Elba.
“Hacemos lo que humanamente podemos. Todas las medidas son mínimas en comparación con los riesgos y el poder y las estrategias de esta gente. Cualquier loco que golpea a una mujer y tiene una pistolita puede ir y buscarnos. No necesita ser narcotraficante”, explica.
Almendra también ha enfrentado agresiones. Ella dirige el refugio de la organización “Casa Amiga”, en Ciudad Juárez. Apenas el primero de diciembre de 2006 una de las psicólogas fue raptada afuera del inmueble.
Su captor la tuvo dando vueltas en su propia camioneta, para después golpearla con una pistola en la nuca y dejarla por muerta en un terreno baldío. El ataque sigue sin aclararse. Las autoridades lo calificaron como robo.
“Nosotros creemos que son formas de decir ‘párenle ahí’, ‘dejen de hacer ruido’. Han ido agresores armados a oficinas externas a amenazarnos; una recepcionista renunció, por temor. Hemos tenido esposas de policías federales, municipales, de un ‘guarura’ del antiguo gobernador. Son gente con poder”, indica.
Almendra admite no tener confianza en la Policía. Primero, porque varias de las usuarias del refugio son esposas o parejas de policías, que acusan a la organización de secuestrarlas cuando ellas deciden romper el círculo de la violencia; pero también porque “filtraciones” de la Policía han puesto en riesgo la seguridad de las mujeres y del refugio.
“Tuvimos un caso en el que se ‘filtró’ a un periódico información de una señora que nada más teníamos nosotros y la Policía. Salió su nombre, el nombre de sus hijos y que estaba en un refugio de Casa Amiga, cuando la ubicación es confidencial”, refiere.
En Tapachula los agresores tampoco tienen rostro ni han sido castigados. A Elsa, presidenta fundadora del refugio “Por la Superación de la Mujer”, que atiende principalmente a mujeres migrantes víctimas de la violencia, le han disparado y le han acuchillado las llantas de su auto, entre otras cosas.
“Hace dos años venía con mi esposo en la carretera y nos dispararon, afortunadamente no nos hirieron, pero yo presenté la denuncia y no pasó nada. Me abrían el carro a cada rato, me robaban documentos, hasta que decidí no traer más que lo que ocupaba en el día”, relata.
El refugio atiende en promedio cada mes tres o cuatro casos de mujeres centroamericanas, víctimas de violencia por parte de sus parejas, o de los “polleros”, que ofreciendo cruzarlas a Estados Unidos, las secuestran para pedir más dinero a sus familiares.
Estos casos son cada vez más frecuentes, alerta Elsa, quien explica que, en ocasiones, las migrantes prefieren entregarse a las autoridades para recibir ayuda. “Trabajamos en coordinación con los Grupos Beta, nos las envían, mientras ellas deciden si se quedan en México o regresan a su país”, precisa.
En el Distrito Federal el panorama no es mejor, aunque el tamaño de la ciudad ayuda a conservar la confidencialidad del refugio “Fortaleza” mejor que los del resto de los estados, explica Wendy Figueroa, directora del centro.
“Hay una situación de vulnerabilidad del personal. Han llegado generadores de violencia al centro de atención externa, uno de ellos un narcotraficante con pistola y con ‘guaruras.’ En la Delegación nos dicen ‘nos llaman y en 5 minutos estamos aquí’, pero en cinco minutos pueden pasar muchas cosas: no se entiende la importancia de tener una patrulla monitoreando los refugios”, lamenta.
En Zacatecas, la gobernadora de extracción perredista, Amalia García, no apoya al refugio Casa de la Mujer “Eulalia Guzmán”, pero las dependencias estatales sí le envían casos, lo que aumenta la presión sobre el centro, que suma los problemas económicos a las necesidades de mayor seguridad.
Ante la falta de apoyo de las autoridades, cada institución y cada trabajador tiene que diseñar sus propias estrategias de seguridad, pues los recursos que se obtienen mediante donativos son para sufragar los gastos de operación de los refugios.
Una parte importante del presupuesto, hasta 25 por ciento, es para pagar guardias de seguridad privados e instalar sistemas como circuitos cerrados de televisión y cercas electrificadas. Otra parte va a la renta o compra de teléfonos celulares y radios, pues las líneas fijas implican un riesgo para los refugios, por la posibilidad de rastrearlas.
Ninguno de los servicios públicos (agua, luz) está a nombre de las asociaciones que operan los refugios. Aún así, su personal es identificado y agredido.
Para Margarita Guillé, directora de la Red Nacional de Refugios, la clave es una política de Estado que encare de manera decidida el problema de la violencia contra las mujeres e impulse políticas públicas para erradicarla.
“Mientras no tengamos políticas públicas, una Policía ‘blindada’ y ministerios públicos confiables, nosotras tenemos que protegernos. Tener la seguridad y la capacidad de movilizar casos de emergencia a otros estados, cuando las mujeres son esposas de sicarios del narco, de policías, o de personas con cierto poder o acceso a información policial, para desaparecer el riesgo de quienes protegemos a esas familias”, puntualiza.
