El Tribunal Penal Federal (TPF) rechazó una segunda petición de la cuñada del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, Paulina Castañón, para que se desbloqueara parte de los 105 millones de dólares embargados desde 1995 en dos bancos de Suiza.
El TPF expresó su oposición a la restitución de esos fondos, al tiempo que precisó que "no hay nada excepcional en mantener una confiscación aún cuando ésta date de 12 años".
En ese sentido, indicó que "una medida de embargo no puede mantenerse cuando el proceso judicial en el extranjero no refleja ningún signo de avance" y que la Oficina Federal de Justicia deberá seguir ahora "atentamente el procedimiento mexicano".
El 6 de junio de 2003 ese Tribunal ya había rechazado un recurso presentado por Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas, el hermano del ex presidente Carlos Salinas.
El abogado de Castañon, Georg Friedli, citado por la agencia telegráfica suiza (ATS), precisó que no presentará un nuevo recurso puesto que la decisión del TPF es ahora definitiva.
Las autoridades federales mantienen bloqueadas las cuentas bancarias en Zúrich y Ginebra a nombre de Raúl Salinas desde noviembre de 1995 cuando la Justicia helvética abrió una investigación por presunto blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas.
Las operaciones de narcotráfico fueron presuntamente realizadas por el jefe del cártel del Golfo, Juan García Abrego, vinculado a su vez con el cártel colombiano de Cali.
La investigación fue ordenada por la entonces Fiscal General suiza Carla del Ponte, a partir de informaciones recibidas de la Drug Enforcement Administration, de EU, de que un cierto Guillermo Gómez Gutiérrez, nombre que se creía ocultaba la identidad de Salinas, era sospechoso de administrar fondos de procedencia ilegal.
La encuesta, dirigida por el juez ginebrino Paul Perraudin, fue delegada finalmente a las autoridades mexicanas.
En el caso de que se compruebe que el dinero retenido en Suiza procedía del trafico de droga, una parte deberá ser entregado a la Justicia helvética, según la legislación vigente en este país.
Desde el cambio de presidencia en México, con la caída del PRI, la Justicia mexicana indaga sobre la posibilidad de que los 105 millones de dólares proceden del desvío de fondos públicos y ha solicitado la cooperación judicial helvética.
