El desgraciado accidente en Celemania, sobre la carretera que comunica a Monclova con Cuatro Ciénegas, conmovió a la sociedad coahuilense y al país entero causar la muerte de veintiocho personas, lesionar gravemente a otras cien y lastimar a ciento cincuenta más que no requirieron ser hospitalizados.
Un tráiler que transportaba nitrato de amonio, sustancia altamente explosiva, provocó una conmoción general en el poblado Celemania ya que su onda expansiva victimó a quienes se encontraban cerca, lejanos o distantes. Tres periodistas fotógrafos murieron al momento de la explosión: habían acudido a cubrir la noticia. Otras víctimas fueron casi todos los habitantes de Celemania, pueblo ubicado al pie de la sierra y conocido con el poético nombre de “la sonrisa de la montaña” donde los deudos de los muertos preguntan, sin obtener respuesta, por los responsables implicados del siniestro. Tanto el chofer como los tripulantes del tráiler pusieron pies en polvorosa, alcanzaron a huir y su localización va a ser improbable. Por otra parte, los jóvenes ebrios que viajaban en el vehículo que impactó al transporte de explosivos murieron en el choque o fueron calcinados por el incendio y la explosión.
Así pues el compromiso directo por el trágico suceso tendrá que ser asumido por dos empresas: una se llama ORICA, propietaria de la carga estallada; la otra es la constructora JIMSA cuya unidad desplazaba el peligroso nitrato de amonio sin tomar una sola medida de precaución. La Ley de Vías Generales de Comunicación y supongo que las leyes locales también, exigen que cuando se transporte material peligroso deben ponerse en práctica varias providencias preventivas, entre las cuales una elemental, imprescindible, es la obligación de portar, de manera que claramente sea leído, un aviso sobre la alta peligrosidad del material que se conduce. Eso lo sabe cualquier transportista que tenga como rutina el porteo de substancias explosivas; pero en este caso el aviso a terceros fue totalmente obviado, tanto por el remitente ORICA como por el conductor JIMSA.
Otras precauciones como el acompañamiento en su ruta de vehículos “madrinas” anteriores y posteriores son exigidas por la Ley de Vías Generales de Comunicación y los manuales de seguridad de la Dirección General del Autotransporte Federal, además de la previa y estricta revisión del estado físico del vehículo y la certificación de la capacidad y experiencia de los operadores. Esto último debió haber sido requisitado y supervisado por las delegaciones estatales o regionales de la SCT y la Policía Federal o local de Caminos.
Es posible que la responsabilidad objetiva y directa del percance no alcance a ORICA y a JIMSA. Un accidente es, por definición semántica, un suceso eventual debido a la concatenación de diversos hechos independientes. Sin embargo, a estas empresas les corresponde asumir la responsabilidad subsidiaria, sin esperar a que la autoridad se la tipifique. Para JIMSA su compromiso se deduce del hecho de ser la dueña del vehículo accidentado y haber aceptado el porteo de una mercancía peligrosa, para lo cual no estaba autorizada y finalmente de, aunque suene tautológico, acarrear material explosivo sin las medidas de seguridad establecidas y exigibles. En el caso de ORICA la responsabilidad civil consiste en haber confiado el encargo del transporte a una empresa no especializada, no autorizada y sin experiencia en este tipo de acarreos.
¿Qué pasará con las familias de los muertos? Se preguntan en Celemania. Cualquier abogado puede decirlo sin consultar códigos: todas ellas deberán ser ampliamente indemnizadas por los responsables indirectos de los hechos. Es una obligación real y exigible. Las consecuencias de la transportación irresponsable de nitrato de amonio afectó a centenares de personas, quienes deben ser resarcidas por el daño moral y material: por la muerte de padres y madres de familia, hermanos, hermanas, hijos, criaturas inocentes; por las viviendas destruidas; por la duda sobre el incierto porvenir de los huérfanos en desamparo: por el dolor intenso e inconsolable causado a los deudos, que no se aminora con la publicación de un sentido pésame en los medios de comunicación. No queremos más Pastas de Conchos, por favor. La presencia del gobernador Moreira en el sitio del siniestro, evidencia preocupación por las familias afectadas, así como indignación ante la tibia respuesta de las autoridades federales, quienes sólo hacen presencia cuando muere un artista popular, pero no cuando el pueblo sufre y necesita apoyo moral y material. Además el Ejecutivo del Estado debe ser garantía y compromiso de que va a imperar la justicia en las investigaciones y en los juicios correspondientes: que las primeras sean bastantes, sesudas y a fondo, pues así podrán fincarse los procesos civiles y penales. No más Pastas de Conchos, por favor.
Lo peor que podría pasar a las víctimas de Celemania es que la Procuraduría General de la República quiera atraer el caso, pues en el DF el expediente sufriría el desvío que condenó al abandono de las víctimas por la empresa minera. Pero tampoco será fácil justificar tal atracción pues la carretera en que acaeció la explosión es de jurisdicción estatal. Mientras, que los senadores y los diputados boxean contra las empresas de comunicación electrónica por los dineros del pueblo, bien podrían dedicar algún esfuerzo a perfeccionar el desgastado y confuso código penal del país que propicia la impunidad de quienes cometen delitos y libran las penas con influencias o mediante sobornos a los agentes del Ministerio Público o a los jueces competentes. Otra vez: no más Pastas de Conchos, por favor, ya no más...
