Un error frecuente de los encargados del poder público en México radica en minimizar las preguntas de los reporteros de medios de comunicación por los problemas políticos, económicos y sociales que están a la vista.
Recién ha sucedido con el procurador General de Justicia de la República al minimizar la importancia de las acciones terroristas del Ejército Popular Revolucionario contra la red de distribución de gas y derivados del petróleo de la empresa paraestatal PEMEX. Cuando reivindica la autoría de estos hechos el EPR demanda que la PGR “les devuelva” a dos presuntos militantes de esa organización clandestina con operación subrepticia en más de una entidad del centro y el sur de México.
Cuestionado por los periodistas, el procurador general sustentó una respuesta que intentaba reducir la trascendencia de las explosiones en los ductos de PEMEX, al decir que no son actos de reivindicación política o social porque “ninguna instancia del Gobierno tiene detenidos a los presuntos militantes desaparecidos que reclama ese grupo”. También calificó al EPR como un “grupo pequeño que distrae los esfuerzos del Gobierno Federal en el combate al crimen organizado”.
“No pasa nada”, se afirmaba con frecuencia en los altos círculos del poder para disminuir el impacto de algunos hechos en el espejo de la opinión pública. “No se preocupe, señor presidente”, solían decir al primer mandatario de la Nación ante eventos extremos que justamente deberían alarmarlo y prevenirlo. “Tranquilo, no es tan grande el problema”, dijeron en otras ocasiones, o redundaron con la famosa frase que Porfirio Díaz usaba para menospreciar los primeros brotes de la revolución mexicana: “esos gallos quieren máiz”, cuando la diatriba del pueblo se escuchaba en las calles y barrios de las poblaciones y se leía en los periódicos de Oposición desde 1907 a 1910.
Igual sucedió con los primeros barruntos de inconformidad estudiantil que culminó con el drama del 2 de octubre de 1968: cuando el Gobierno de Díaz Ordaz quiso resolver el conflicto por la vía del diálogo ya era demasiado tarde. Nadie supo interpretar aquellas protestas pues ya estaba mixtificado el movimiento por los intereses preelectorales de quienes ambicionaban participar en las elecciones presidenciales de 1969.
La declaración pronunciada el pasado jueves 14 de agosto por el procurador general de la República sobre recientes acciones terroristas contra instalaciones conductoras de gas natural y petróleo, o sus derivados, no imprimen tranquilidad en la sociedad; todo lo contrario, la perturban y la agitan. Los nocivos resultados de las explosiones en PEMEX están a la vista y han sido condenadas por la opinión pública, no sólo por representar pérdidas millonarias para PEMEX sino por el inminente devenir de cuantiosos riesgos económicos por improductividad. Obviamente se perjudican también las generadoras de energía eléctrica, lo cual rebota en sabotaje a la planta industrial y a los servicios domésticos en las ciudades.
¿Cómo puede disminuir el procurador Eduardo Medina Mora la trascendencia negativa de tales actos? ¿O es que, simplemente, le resulta molesto saber que prevalece en el país un terrorismo actuante que la PGR no logra esclarecer para procesar judicialmente siquiera a los responsables?
Constituya o no la demanda del EPR una reivindicación política y social los actos de terrorismo industrial existen y están latentes.
La PGR necesita dar respuestas objetivas y lógicas, y por ello debe apremiar a sus servicios de Inteligencia -si es que los tiene y son eficientes- para estar en condiciones de cumplir con sus deberes constitucionales. Que los problemas trascendentes no se traten como asuntillos nimios o insubstanciales. La trivialidad que padecemos en la pobre política mexicana, actualmente secuestrada por los tres partidos políticos que se abrogan la calidad de legatarios de la autocracia de un sólo hombre, nos puede conducir al discrimen respecto a lo ingente de la causa o el fondo sociopolítico con que el EPR pretende justificar o explicar sus acciones contra PEMEX.
