El conflicto entre transportistas y autoridades municipales rompió la hebra del viejo problema del transporte público por lo más delgado: la disposición de los concesionarios a modernizar su servicio.
Durante años, Torreón ha padecido un problema que se agudiza conforme la ciudad crece en habitantes y parque vehicular. Se añaden rutas y unidades de transporte público sin orden, mientras los choferes juegan a las ?carreras? por avenidas y bulevares y someten a los usuarios a un mal trato.
El argumento esgrimido es que el servicio costaba muy poco para que los concesionarios fueran capaces de modernizar sus unidades. Es cierto, para muchos usuarios, gastar un peso de más en transporte es una carga a su mermada economía. Pero al mismo tiempo, los prestadores del servicio han pretendido obtener aumentos de tarifas sin poner de su parte.
Las últimas cinco administraciones municipales han intentado reformar el sistema de transporte sin éxito. La actual del alcalde José Ángel Pérez propuso un plan de modernización que implica reordenar rutas y un nuevo esquema de pago con tarjetas inteligentes. Es lo mínimo que requiere una ciudad de este tamaño para tener un servicio decente y estar a la altura de otras en el país.
Este plan no puede quedar a merced de un grupo de concesionarios, aunque tengan la capacidad de ?ahorcar? a la ciudad negando el servicio, como ha ocurrido en los últimos dos días, con las obvias consecuencias para los usuarios, que no pueden llegar a su trabajo o la escuela y para las empresas de la ciudad, que resienten la ausencia o la llegada tarde de sus trabajadores.
El alcalde hizo bien en sancionar a los concesionarios agrupados en el Sistema Organizado del Transporte de Torreón, al aplicar la pena contemplada por interrumpir el servicio, que es arresto, multa y revocación de la concesión.
El incidente en el que resultaron lesionados una síndico y un regidor debe tomarse como una llamada de atención sobre lo peligroso que es escalar una situación tensa y de vital importancia para la ciudad. El Municipio debe explicar su razón para el uso de la fuerza, pero al mismo tiempo el PRI, que defiende a los concesionarios detenidos, debe calcular bien el riesgo de politizar una situación en la que la ciudadanía es la que paga el costo.
Pero esta situación no puede continuar así, mientras vehículos municipales que deben destinarse a otras labores, como patrullas y vehículos de inspectores, deben suplir la ausencia de autobuses.
Ojalá que esta situación estimule a los concesionarios que no han aceptado el plan de modernización a hacerlo y así formar una mayoría que dé más legitimidad a una vieja necesidad urbana.
