La ejecución de un agente ministerial la madrugada del sábado en Torreón es un hecho que cimbra a la ciudad, prende las alarmas de la sociedad y obliga a las autoridades a actuar con firmeza para evitar que esto sea el inicio de una escalada de violencia.
Según las versiones publicadas, alrededor de la una de la mañana del 31 de marzo, un comando fuertemente armado integrado por unas 20 personas a bordo de cuatro camionetas, cerró el paso a un vehículo de la Procuraduría de Justicia tripulado por dos policías ministeriales. Los sicarios abrieron fuego contra la unidad y asesinaron al agente José Guadalupe Flores Núñez e hirieron gravemente a su compañero. En el atentado, un conductor que iba pasando por el lugar también resultó lesionado.
La historia de esta forma de violencia en la ciudad es muy corta. El suceso más parecido del que se tiene registro es el asesinato de Cipriano Floriano Navarrete, comandante del llamado Grupo Especial Antisecuestros, ultimado a plena luz del día afuera de un jardín de niños. De ahí en más, no hay nada.
Hasta el sábado, los torreonenses y sus autoridades podían sostener que los niveles de inseguridad en esta ciudad eran menores a los registrados en la Comarca Lagunera de Durango, en donde, en los últimos cinco meses se han presentado 13 casos de ejecuciones. Hoy, difícilmente puede hacerse una diferenciación. El crimen comienza a arraigarse en toda La Laguna.
Es de extrañar que pese a los operativos de “blindaje” los hechos sangrientos en la comarca no disminuyan; al contrario, van en aumento, en frecuencia e intensidad. Frente a esto, las autoridades locales y estatales sólo atinan a repetir lo que a nivel nacional se dice: “las ejecuciones son la respuesta del narco y el indicador de que los operativos están funcionando”.
Parece que la apuesta es que la sociedad se vaya acostumbrando a esta realidad de violencia, lo cual, es absurdo, porque si la gente pide acciones contundentes de la Policía no es para percibir más inseguridad -que es lo que sucede con las ejecuciones-, sino para abatirla, para inhibir los actos ilícitos, no para ver cómo se multiplican.
Y ahora, ¿quién puede defender la idea de que Coahuila o La Laguna están exentos de la violencia que desde el sexenio pasado azota al país?
