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Nuestro concepto| Ejecuciones en La Laguna

Algo pasa en La Laguna de Durango y las autoridades deben investigar, aclarar y actuar cuanto antes.

El domingo 14 de enero, un comando armado ejecutó en su domicilio de Gómez Palacio a Jaime Meraz Martínez, dirigente de la organización de taxis Ccudepo y ex presidente del comité municipal del PRD, a su esposa María de Jesús Medina, a su hijo Jaime Meraz Medina y al taxista Jorge Alberto Vázquez Serrato. Otra mujer, Érika Torres, nuera del líder choferil, resultó lesionada.

Dos meses y medio antes de este asesinato múltiple, el 23 de octubre de 2006, Carlos Gavira Sapien y su cuñado Elfego Ramírez Galarza fueron acribillados a balazos, también por un comando, en el vado del río Nazas, a plena luz del día. Dos días después, el 25 de octubre, el cuerpo de Perla Karina Gavira Sapien, hermana de Carlos, fue encontrado a unos cuantos metros del ejido Congregación Hidalgo de Matamoros con tres impactos de bala.

El 24 de febrero de 2005, el agente del Ministerio Público Federal, Jesús Reyes Espino, fue ?levantado? en Gómez Palacio, también a plena luz del día y encontrado muerto días después, el tres de marzo, cerca del ejido Francisco Villa de Ciudad Lerdo.

Ninguno de los anteriores crímenes ha sido esclarecido. Los responsables están libres. Quienes dicen investigar, poco o nada informan. Aislados o relacionados -corresponde a las autoridades definirlo sustentadamente-, estos hechos preocupan a la sociedad lagunera y prenden las luces de alarma, toda vez que no se puede evitar comparar -en su forma, no en su número- las ejecuciones sucedidas en la región con las que perpetra el crimen organizado en otras partes del país.

Minimizar los asesinatos ocurridos en fechas recientes en la comarca es tan erróneo como caer en una histeria colectiva o psicosis. Ninguno de los dos extremos ayuda a explicar y aclarar lo sucedido; por el contrario, impiden ver los hechos con claridad y en su justa dimensión. Lejos de las especulaciones, debe caminarse en la certeza. Las autoridades están obligadas a responder a las interrogantes e inquietudes de la sociedad, encontrar a los culpables y castigarlos y, sobre todo, tomar las medidas necesarias para evitar que La Laguna se convierta en otro Tamaulipas o un Michoacán.

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