El operativo para retirar de circulación a vehículos que no porten placas ha tenido un resultado tan imprevisto como desafortunado: refuerza la impresión de que la autoridad está por encima de la ley.
Agentes de Vialidad de Torreón han instalado durante tres días puntos de revisión para detener a automovilistas que no llevan láminas y enviar los vehículos al corralón. Al mismo tiempo, vehículos propiedad del Ayuntamiento, así como de regidores y funcionarios municipales, circulan libremente sin láminas y en algunos casos ni siquiera permisos provisionales.
Autoridades municipales dicen que los vehículos del Ayuntamiento están todos ?plaqueados?, pero ese comentario sólo manifiesta ceguera en funcionarios que no salen de sus oficinas para darse cuenta que afuera de los edificios municipales se estacionan los vehículos sin placas. Fotógrafos de El Siglo de Torreón han captado a al menos 15 automóviles y camionetas en esta situación.
También se ha revelado que regidores y funcionarios no portan placas en sus automóviles, lo cual pone en duda su credibilidad a la hora de defender los operativos, pues en este caso, el buen juez no empieza por su casa.
El séptimo regidor, Jesús Martínez (que hasta el jueves conducía un automóvil sin placas) dijo el miércoles a la emisora GREM que el operativo era ordenado por el Gobierno del Estado. El problema es que esa declaración, a estas alturas, suena a una evasión de responsabilidad de una acción que el Municipio no puede defender si no predica con el ejemplo.
El operativo es necesario porque cumple dos funciones importantes: de seguridad, porque obliga a los automovilistas a tener sus vehículos registrados; y financiera, pues ayuda al Municipio a recaudar ingresos.
Pero en esta ocasión, exhibida su incongruencia, las autoridades municipales deben asegurarse que todos los vehículos del Municipio y de los regidores y funcionarios se encuentren con sus placas en regla, para entonces proceder contra ciudadanos incumplidos con algo de autoridad moral.
