El municipio de Ocuilan en el Estado de México y particularmente la comunidad de San Juan Atzingo son zona franca para los delitos: la tala clandestina, denunciada formalmente en diciembre de 2005, continúa su efecto devastador porque nadie ha sido penado por ella; hace ya dos semanas que fue asesinado Aldo Zamora, hijo del principal activista contra los destructores del bosque y no han sido detenidos los homicidas; y a la medianoche del sábado fue baleado el palacio municipal (y dañados dos vehículos oficiales), sin que se haya iniciado la averiguación previa del caso, ni mantenido la vigilancia de la Policía Estatal que se ofreció y es urgente. No se ha procedido tampoco contra los ladrones de los vehículos en que se traslada la madera talada sin autorización.
Nada eso es casual, ninguna de esas demoras parece fruto sólo de la inercia y el desdén a la zona y las personas. Se las desdeña sí y esa actitud agrega ofensa a la injuria. Pero se trata de algo peor, de una estructura de solapamiento y complicidades que garantiza la impunidad y el éxito de operaciones delictuosas que dañan el patrimonio de particulares y al mismo tiempo, generan una enorme e irreversible afectación a una de las zonas forestales más valiosas para la vida en el centro del país.
La producción y comercio clandestino de madera es uno de los negocios más complicados y rentables de la economía subterránea. Practican la tala que le da origen campesinos pobres que no sobrevivirían si no recurrieran a ese medio, a sabiendas de que derribar árboles es, al mismo tiempo, un delito y un acto suicida, pues se agrede al equilibrio ambiental de la zona donde vive el talador. Pero al lado de estas infracciones inducidas por el hambre se alza amenazante, en esta zona donde se hallan las lagunas de Zempoala y en muchas otras en el país, la delincuencia organizada, con pertrechos mecánicos y vehículos que permiten arrasar bosques a gran velocidad. El Instituto de geografía de la UNAM (citado por Reforma) ha calculado que en el corredor biológico Chichinautzin, del Ajusco a la región de las lagunas se pierden dos mil cuatrocientas hectáreas de bosque al año.
De 38 vehículos retenidos por el Gobierno mexiquense en el año y medio reciente en operaciones contra talamontes que quedan libres, 18 habían sido reportados por robo, cometido quizá por los mismos arrasadores en gran escala. Éstos, dueños del ciclo productivo completo poseen en la zona de Huitzilac, Morelos, aserraderos de donde sale madera que es trasladada al DF y Cuernavaca, donde hay un mercado negro de ese producto. Nunca falta un vivo cuya conciencia laxa le permite ahorrar o acrecentar su ganancia al adquirir madera cuyo origen legal no está acreditado.
La comunidad de San Juan Atzingo, en cuyo perímetro se encuentran los vasos zempoaltecos, venidos cada día a menos, ha querido enfrentar el daño que esa tala no autorizada le genera. Para ello hace algunos años eligió a Ildefonso Zamora como el comisario de los bienes comunales, en cuya defensa ha organizado una vigilancia que sería más eficaz si contara con auxilio gubernamental.
Con todo, al cabo de una paciente tarea de recopilación de evidencias, que incluye videograbaciones y otros registros, logrados algunos en apoyo mutuo con inspectores de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), Zamora logró formalizar una denuncia ante el Ministerio Público federal en diciembre de 2005. Catorce meses después, en febrero pasado, el juez federal Gerardo García Anzures, negó las 57 órdenes de aprehensión solicitadas y con celeridad llamativa, al mes siguiente el magistrado del Tribunal de apelación Juan Pedro Contreras, confirmó la resolución impugnada. Fue en cambio muy lento el Consejo de la Judicatura federal, pues en febrero mismo la Profepa presentó ante ese órgano disciplinario una queja contra el juez García Anzures, queja que fue admitida anteayer, 27 de mayo, más de tres meses después.
La impunidad así generada envalentonó a los talamontes, especialmente a la familia Encarnación, que al parecer decidió castigar a los denunciantes e inhibirlos de nuevas acciones en su contra. El miércoles 16 una pandilla emboscó a hijos y otros parientes de Ildefonso Zamora. Uno de ellos, Aldo, de 21 años, fue asesinado y quedó herido Misael. Lograr que el Ministerio Público cumpliera su deber y consignara el caso fue un tormento adicional para un hombre, como Zamora, atribulado por el dolor de perder a un hijo. En la oficina de un subprocurador se le maltrataba como si al exigir justicia demandara alguna extravagancia.
Finalmente se ordenó aprehender a Luis y Alejo Encarnación y Fernando y Silvestre Jacinto Medina, que no han sido detenidos dos semanas enteras después de su crimen (del que puede hablarse con esa contundencia porque hubo testigos presenciales, víctimas sobrevivientes, que los identificaron plenamente).
Conforme a la regla de oro de los delincuentes que pueden pagarla, la impunidad genera impunidad. En vista de ella, en la noche del 26 de mayo fue atacada a tiros la Presidencia municipal y dañada la ambulancia y una de las tres patrullas del ayuntamiento. El alcalde Félix Alberto Linares, ha sido amenazado por los delincuentes y engañado por el Gobierno Estatal. Tras el atentado del fin de semana se apersonaron 60 elementos de la Agencia de seguridad estatal, que antes de un día se retiraron y no han vuelto. No se ha iniciado la averiguación previa correspondiente.
