Oliverio Reza Cuéllar, secretario general de Gobierno, reiteró que no se permitirán las invasiones.
Sostiene Oliverio Reza Cuéllar, secretario general de Gobierno, que no se permitirán las invasiones en Durango y que se mantienen las órdenes de aprehensión en contra de Eduardo y Sócrates Ibarra, quienes promovieron el asentamiento irregular en un predio anexo a la colonia San Carlos.
En tanto, una vez que los paracaidistas fueron desalojados ayer por la mañana, Abraham Moreno García, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe), aseguró que aquellas familias que en realidad necesitan un lugar para vivir –que son aproximadamente 15- no quedarán desamparadas, pues se les atenderá mediante los programas que maneja el Instituto de Vivienda del Estado de Durango (IVED).
Habló incluso que, si es necesario, los que quedaron sin un lugar para habitar pueden ser canalizados a los albergues que existen.
DUREZA
Cuestionado sobre el desalojo de los invasores ayer por la mañana, Reza Cuéllar dijo que no se permitirá que se invadan terrenos con dueño. “Cuantas veces se violente el Estado de derecho, la autoridad actuará como se hizo y restablecerán las cosas”, subrayó.
“Que sepan los duranguenses que su propiedad está garantizada dentro del Estado de derecho”, manifestó. Y aunque testificó que ninguno de los hermanos Ibarra resultó detenido, reiteró que sí se solicitaron la orden de aprehensión contra los dos.
Dijo que quedó muy claro que las personas de la invasión fueron engañadas por los líderes. “Hacemos el exhorto para que la gente que tenga necesidad de un espacio para vivir, que se acerquen al IVED para buscar una opción”, reafirmó.
DISPONIBILIDAD
Moreno García remarcó que en atención a las personas de buena fe, que en realidad requieren un sitio para habitar y se fueron a la invasión creyendo en que les venderían legalmente, el Gobierno del Estado mostró toda la disposición para dialogar.
“Hay gente que de buena fe cae en este tipo de circunstancias (las invasiones), que se dejan llevar por estos movimientos, por eso fue la intervención de buscarles una alternativa, no estábamos cayendo ni en chantaje ni éramos objeto de presión”, expuso el ex Director del IVED.
Recalcó que no “hay intereses oscuros” en este desalojo o por el predio, simplemente, se actuó conforme a derecho y se buscó, ante todo, llegar a un acuerdo, aunque los hermanos Ibarra nunca pudieron sustentar sus declaraciones sobre que tenían pláticas con los dueños del terreno y que les iban a vender.
Sustento
Abraham Moreno García, responsable de la Sedesoe, enseñó a este medio de comunicación la documentación que avala la legal posesión del predio que fue invadido.
-El terreno tiene un origen ejidal.
-Originalmente el inmueble perteneció a Jesús María Soto Calderón; no obstante, el predio fue objeto de una enajenación y, posteriormente, vendido.
-La escritura en favor del Fondo de Vivienda (Fovi) Sección 44 del predio invadido data del 18 de agosto del 2004, cuyo representante legal es Miguel Ángel Vargas Galindo.
-El número de escritura es el 29 mil 246, la cual avala el notario público Héctor Vega Franco.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.
