EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Un miembro de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canainve) denunció que en el estado de Durango se vive una ?inseguridad jurídica? que puede ahuyentar las inversiones, ya que en su opinión, la impartición de justicia está a la orden del mejor postor.
Luis Eduardo Lozano Pérez, dedicado a la compra-venta de maquinaria para la confección de prendas de vestir, narró los problemas legales que tuvo que sortear; para evitar que se dictara una orden de aprehensión en su contra pagó una deuda que ya había saldado en el año 2005.
El comerciante explicó que en ese año hizo un trato con José Luis Guijarro Hernández, quien le ofreció en venta 68 máquinas de costura a un precio de 130 mil pesos, Lozano Pérez le pagó 80 mil pesos en efectivo y pactaron que el resto se lo pagaría en cheque.
?En el año 2003 este señor quemó la maquiladora que tenía (Industrias Jeans) y le ganó un juicio a la aseguradora, después de dos años sacó las máquinas que se suponía se le habían quemado y me las vendió, cuando vio que yo las reparé me quitó 15 y las vendió en 120 mil pesos?, dijo.
Lozano Pérez señaló que los problemas iniciaron en septiembre de 2006, cuando Guijarro Hernández presentó una denuncia por fraude y abuso de confianza ante el ministerio público, Marco Antonio Ortega, quien consideró que no había los elementos para integrar la averiguación penal.
?Me dio una copia del dictamen donde él consideraba que no procedía la denuncia porque era un asunto mercantil, pero me dijo que el ex subprocurador de Justicia, Hugo Reséndiz, le ordenó que integrara y consignara la averiguación a un juzgado penal?, agrego.
El comerciante señaló que los peritos de la Procuraduría hicieron un dictamen de la maquinaria sin tener a la vista ninguna máquina, pero aún así concluyeron que tenía un valor de 350 mil pesos.
?El martes me habló el juez, Gerardo Ramírez y me amenazó, me dijo que si no pagaba el dinero que me estaban pidiendo iba a girar una orden de aprehensión en mi contra, casi me obligaron a firmar cinco cheques posfechados por un total de 160 mil pesos y Guijarro Hernández se desistió de la acción penal, pero es injusto porque es un dinero que ya le había pagado, en el expediente están todas las pruebas y el juez no las tomó en cuenta?, dijo.
