El ex presidente Vicente Fox recorre los caminos de sus ranchos en San Francisco del Rincón en una Hummer de lujo, de la cual tiene posesión, pero no es de su propiedad. (El Universal)
Indagarán si fueron sustraídos de la Presidencia documentos originales de la pasada Administración.
En un fallo sin precedente, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) solicitó ayer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar si fueron sustraídos de la Presidencia de la República documentos originales de la Administración de Vicente Fox.
Por unanimidad, los cuatro comisionados que participaron en el pleno también resolvieron que el Órgano Interno de Control de la Presidencia, que depende de la SFP, indague el proceso de digitalización de documentos que Los Pinos contrató en 2005 y tuvo un costo de 6.6 millones de pesos.
Sobre este punto, deberá precisarse si la digitalización que se contrató con la empresa Soluciones Pearson, hoy denominada Vangent, garantizó la distinción y protección de información reservada, confidencial y de datos personales.
Al resolver un recurso de revisión, el IFAI también determinó que realizará una investigación interna para verificar si fueron apegadas a derecho todas las resoluciones que emitió la Presidencia de la República en las que declaró como inexistente la información que le solicitaron diversos ciudadanos. El IFAI elaborará un acuerdo para desarrollar en forma puntual algunos aspectos que solicitará sean investigados sobre los documentos presidenciales de la Administración pasada.
La polémica inició porque el ex presidente Vicente Fox declaró públicamente que exhibiría en el Centro Fox, de próxima inauguración, cerca de 4 millones de documentos de su Administración, entre ellos algunos relacionados con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y del movimiento de San Salvador Atenco.
El problema es que casi todos los documentos relacionados, en especial con estos dos temas, han sido declarados inexistentes por la Presidencia, ante solicitudes de información realizadas por medio de la Ley Federal de Transparencia.
De hecho, el caso debatido ayer durante más de una hora por el IFAI deriva de un caso donde un particular pidió a Los Pinos la lista de documentos que se había llevado Vicente Fox, al término de su gestión. La Presidencia respondió que no existía en sus acervos ninguna relación que detallara los informes y documentos que se había llevado el ex presidente.
Por ello, el caso fue impugnado ante el Instituto, mismo que en este aspecto confirmó que la Presidencia no tiene ningún documento que precise la información que pudo haber sido sustraída durante la mudanza de Fox Quesada.
El comisionado ponente del caso fue Juan Pablo Guerrero, de quien oficialmente se quejó la Presidencia, porque hizo declaraciones a los medios de comunicación sobre este caso, antes de que fuera votado en el IFAI. Incluso en el pleno de algunos comisionados como Alonso Lujambio y Jacqueline Peschard también le reclamaron dichas manifestaciones y le hicieron un llamado a la prudencia.
Al término de la sesión, Guerrero dijo en entrevista que él nunca dijo a los medios el sentido de su proyecto ni de la resolución y además, argumentó que la Ley en la materia prevé que las audiencias en los procedimientos de transparencia tengan el carácter de públicas.
Diputados integrarán hoy comisión investigadora
La comisión especial para investigar al ex presidente Vicente Fox será definida hoy jueves en la Cámara de Diputados y para ocupar los cinco lugares de dicho órgano se perfilan por el Partido Acción Nacional (PAN), bancada que ocuparía dos lugares, un hombre cercano a Manuel Espino, presidente nacional del partido, Juan José Rodríguez Prats, además de los capitalinos Obdulio Ávila y Cristian Lujano.
Sin embargo, los panistas Gerardo Priego, Andrés Bermúdez Viramontes, “El Rey del Tomate” y el poblano Antonio Díaz García, además de Alejandro Landero, también se mantenían con posibilidades de ocupar uno de los lugares hasta anoche.
Por la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se decidió que la diputada federal Claudia Lilia Cruz Santiago ocuparía un lugar, mientras que por el Revolucionario Institucional (PRI), la integraría el diputado Víctor Valencia de los Santos, de Chihuahua, quien también sería presidente de dicho órgano.
El quinto lugar sería para un partido de los llamados “emergentes”, de los cuales se perfila el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Esto, aunque durante las últimas horas cobró fuerza el nombre del diputado por Convergencia, Elías Cárdenas, quien preside la comisión especial para investigar a la empresa “Construcciones Prácticas S. A. de C. V.”, a la que se liga a los hermanos Bribiesca, hijos de Marta Sahagún.
Javier González Garza, coordinador del PRD, confirmó que entre seis y siete diputados de su bancada se apuntaron para conformar la comisión.
Decomiso de la PGR, origen de la Hummer que conduce Fox
Vicente Fox recorre los caminos de sus ranchos en San Francisco del Rincón en una Hummer de lujo, de la cual tiene posesión, pero no es de su propiedad.
La camioneta, color “Pewter” metálico, en la que paseó a la familia del entonces presidente electo, Felipe Calderón, el domingo 8 de octubre de 2006, había sido inscrita apenas un mes antes en el Registro Público Vehicular.
El 5 de septiembre, la Secretaría de Transporte del Estado de México tomó nota de la inscripción de dicha unidad, a la que asignó las placas LYF 6071.
Hace apenas unos días, el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, denunció que esa unidad fue embargada por personal de Inspección Fiscal y Aduanera en el puerto de ingreso de Sonoyta, Sonora, junto a otra unidad del mismo tipo, color negro, a principios de ese año y entregada después a los Fox.
De acuerdo con un rastreo en bases de datos gubernamentales, la Hummer supuestamente decomisada quedó anotada en el padrón vehicular del Estado de México, el 12 de noviembre de 2004, pero hasta el 5 de septiembre de 2006 le fue asignada la clave de registro OLPJN1N8.
En los bancos de datos están asentados los datos generales de la unidad utilizada por Fox Quesada, entre ellos el tipo y el año del modelo –una H2 2005– y los números de motor y de serie.
Sin embargo, el espacio destinado a la inscripción del nombre del propietario está en blanco y la dirección registrada es avenida Industria Automotriz, sin número, en la Zona Industrial de Toluca, coincidente con el domicilio de la Aduana de Toluca.
Una unidad como la que a menudo conduce el ex presidente tiene un valor de unos 49 mil dólares más impuestos.
