La ex presidenta de Argentina deberá presentarse cada quince días ante la justicia española.
EFE
Madrid.- La policía española detuvo hoy durante unas horas a la ex presidenta argentina María Estela Martínez, viuda del general Juan Perón y más conocida como "Isabelita" Perón, a petición de la justicia de su país en relación con la desaparición de un joven durante su mandato, en la década de 1970.
La detención, ligada a la represión lanzada contra opositores durante el mandato de la ex presidenta (1974-1976), se produjo en su domicilio en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada a las 20.00 horas locales (19.00 GMT).
Unas tres horas después, la ex presidenta, de 75 años, fue puesta en libertad provisional por orden del juez Juan del Olmo, de la Audiencia Nacional, tras interrogarla en la sede de ese alto tribunal español que tramita las peticiones de extradición.
La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil informó de que la detención cumplió la orden recibida pocas horas antes por Interpol España tras ser dictada por el juez argentino Raúl Héctor Acosta.
El magistrado investiga la desaparición del joven Héctor Aldo Fagetti Gallego el 25 de febrero de 1976, un mes antes del golpe militar que derrocó a la viuda de Perón.
Acosta, que anunció que prepara ya la solicitud de extradición, pidió la detención de la ex presidenta por la firma de tres decretos en 1975 que habilitaron a las Fuerzas Armadas argentinas a aniquilar a "los elementos subversivos", lo que implicaría una acción de terrorismo de Estado.
Los agentes de la Comisaría General de Policía Judicial que practicaron el arresto condujeron a la viuda de Perón a la Audiencia Nacional a fin de ponerla a disposición del juez Del Olmo.
"Isabelita" Perón, tras ser liberada, deberá presentarse cada quince días ante la justicia española, informaron a Efe fuentes jurídicas.
Del Olmo decretó la libertad de la detenida a instancias de la fiscalía y en aplicación del principio acusatorio que impide imponer una medida cautelar que sea más grave que la solicitada por la acusación, en este caso el Ministerio Público.
El juez, que comunicó a la viuda de Perón los términos de la orden de detención, también le preguntó si accedía a ser entregada a Argentina, a lo que ésta contestó negativamente.
Ante la negativa, se pone en marcha el procedimiento ordinario de extradición y se abre un plazo de cuarenta días para que las autoridades argentinas presenten la petición formal de entrega y la documentación que debe acompañarla.
En relación con esta orden de busca y captura de Interpol, el Gobierno argentino prometió hoy que "no habrá pactos de impunidad" para casos de terrorismo de Estado durante la gestión de María Estela Martínez.
"Nosotros queremos reconciliación, pero con verdad y sin impunidad. Por eso hay que conocer la verdad, sea cual sea. Y no puede haber impunidad para nadie", dijo el presidente argentino, Néstor Kirchner, tras conocer la orden de detención.
Kirchner, quien reveló que estuvo dos veces detenido durante el Gobierno de "Isabelita", no quiso opinar sobre la decisión de Acosta, pero señaló que "si los jueces entienden que hubo terrorismo de Estado desde antes del golpe militar de 1976, sus responsables también deberán ser juzgados".
El ministro de Interior argentino, Aníbal Fernández, señaló por su parte que no habrá "pacto de impunidad" y dijo que Isabel "deberá comparecer, porque así tiene que ser por las pruebas presentadas".
Acosta ha destacado que hay más de 600 denuncias por desapariciones anteriores al derrocamiento de "Isabelita".
Según el magistrado, no hay razón para que "los derechos humanos de personas desaparecidas antes del golpe militar tengan un tratamiento distinto a los que fueron posteriormente al golpe".
"No es menos terrorismo de Estado" que hubieran desaparecido personas durante un gobierno constitucional, apuntó.
Los tres polémicos decretos fueron firmados por el entonces titular del Senado, Ítalo Luder, en ejercicio de la presidencia, mientras Martínez estaba con una breve licencia por enfermedad.
Según Acosta, aunque la presidenta no firmó los decretos, se sospecha de ella "y por esa razón se la imputa, de haber ejecutado los términos" de los mismos.
Puesto que "era la primer magistrado del país y la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la mayor responsabilidad recae en ella", añadió el magistrado.
Otro juez argentino, Norberto Oyarbide, está examinando la posibilidad de citar a declarar a "Isabelita" en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos por la "Alianza Anticomunista Argentina" o Triple A, creada en 1973 por José López Rega, ministro de Bienestar Social en el gobierno de Isabel.
La Triple A, a la que se le atribuyen cerca de mil 500 homicidios políticos entre 1973 y 1975, fue una organización paramilitar de ultraderecha.
