Cita la PGR a declarar en calidad de indiciados al líder oficial de los mineros y al ex subsecretario del Trabajo.
MÉXICO, DF.- Un Tribunal federal emitió una sentencia definitiva mediante la cual ordenó que se le restituya la dirigencia del sindicato minero a Napoleón Gómez Urrutia y a diez de sus colaboradores.
En el documento se asegura que la Secretaría del Trabajo incurrió en una serie de irregularidades al avalar la destitución de Gómez Urrutia y la designación de Elías Morales, el 17 de febrero de 2006, pero deslindó de esta decisión al ex secretario del trabajo Javier Salazar Saénz.
En relación con este caso, el abogado de Gómez Urrutia, Juan Rivero Legorreta, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) decidió citar a declarar “en calidad de indiciados” al hasta ayer dirigente oficial de los mineros, Elías Morales y al ex subsecretario del Trabajo, Emilio Gómez Vives.
Los dos acudirán -aseguró el abogado- a responder un interrogatorio relacionado con el caso de la falsificación de cinco firmas que se usaron en el documento que sirvió para cambiar la dirigencia del sindicato minero.
Consultada sobre el tema, la PGR evitó confirmar o desmentir la información.
De acuerdo con la información que le proporcionó la procuraduría al abogado, Elías Morales sería sometido a una prueba de grafoscopía.
Mientras que de Gómez Vives lo que buscará la Procuraduría es determinar si tenía conocimiento de la falsificación de las firmas. Sin embargo, en el caso de Gómez Vives de antemano se estima que no tendrá problemas, dado que en la sentencia que emitió ayer el Tribunal se estableció un criterio que lo beneficia.
En la sentencia dictada en el juicio de amparo, registrado como el recurso de revisión 64/2007 se señala como único responsable de las irregularidades detectadas en la decisión que permitió avalar la designación de Elías Morales al entonces director general de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, José Cervantes Calderón.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, con sede en la capital del país, deslindó de responsabilidades al ex secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Saénz, porque éste negó haber participado en la revisión de la “toma de nota de cambio en la directiva” que permitió destituir a Gómez Urrutia.
Esta decisión, que emitieron de manera unánime los magistrados Idalia Peña, Guadalupe Madrigal y Víctor Maldonado, es independiente de las investigaciones que realiza la PGR, pero fuentes del Poder Judicial consideran que tendrán “un alto impacto” en las mismas.
De entrada se asegura que con esta decisión se cierra la posibilidad de que algún funcionario de mayor nivel -incluidos los subsecretarios- sea considerado responsable de algún delito en la averiguación previa que mantiene abierta la PGR por la falsificación de las firmas.
