“La sospecha, como el murciélago, no vuela más que en la oscuridad”.
Francis Bacon
Los gobernadores de todos los partidos reunidos en Puerto Vallarta en la reunión de la Conago han decidido respaldar el esfuerzo del presidente Felipe Calderón en la lucha contra el narcotráfico. Es positiva esa actitud. Como bien lo señaló el gobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours, hay que “despartidizar el tema de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado”.
Pero una cosa es respaldar al presidente en un esfuerzo muy difícil y otra aceptar hacerlo a ciegas. Y esto es precisamente lo que nos está pidiendo que hagamos el Gobierno al tratar de reservar la información sobre el costo de los operativos conjuntos que se están llevando a cabo en distintas entidades del país.
La Policía Federal Preventiva ha determinado que el costo de esos operativos debe quedar reservado durante seis años. En otras palabras, sólo en el próximo sexenio podremos saber lo que costó el esfuerzo más importante del actual Gobierno.
Hay una regla muy clara en cualquier tipo de actividad. Lo que no se mide no se puede mejorar. Esta regla se aplica a las empresas, a las actividades gubernamentales o las deportivas. Si no medimos lo que estamos haciendo, no podremos saber ni siquiera si estamos avanzando o no. Si los ciudadanos no sabemos cuánto cuestan los operativos y cuáles son sus resultados, no podremos evaluarlos.
Los operativos se han convertido en la característica más distintiva del Gobierno del presidente Calderón. Se trata de un esfuerzo no sólo policial sino político. Por eso los medios electrónicos han sido invadidos por anuncios gubernamentales que buscan apoyo político a este esfuerzo. El presidente Calderón ha hecho de la lucha contra el narco su principal bandera política.
Las encuestas señalan que el esfuerzo ha tenido buenos frutos políticos. Los mexicanos están contentos de tener a un presidente que no ha aceptado cruzarse de brazos ante el creciente poder y la violencia del narco. Pero impedirnos a los ciudadanos saber cuánto está costando esta guerra parece perverso. El Gobierno nos está diciendo que los mexicanos tenemos obligación de financiar los operativos, pero no de saber cuánto dinero se están gastando en ellos.
Este rechazo a la apertura informativa debe preocuparnos a los mexicanos. Sugiere que los propios comandantes de la PFP no se sienten seguros del costo-beneficio del trabajo que están realizando. Sólo así puede entenderse que se nieguen a proporcionarnos a los contribuyentes esa información.
Como es común en estos casos, la PFP argumenta que el sigilo es indispensable por razones de seguridad nacional. Pero no se entiende cuáles puedan ser las razones. ¿Tendrán mejores posibilidades los narcotraficantes de derrotar al Gobierno mexicano si saben cuánto se está gastando en los operativos? Difícilmente. Lo peor que puede ocurrir con la difusión de esta información es que los ciudadanos nos demos cuenta de que no hay una buena relación costo-beneficio en estos operativos. Pero ese conocimiento debería ser un derecho de quienes con nuestros impuestos mantenemos al Gobierno mexicano y pagamos por los operativos.
El tema de la reserva de la información sobre los costos de los operativos contra el narco estaba programado para ser discutido ayer en la sesión pública del Instituto Federal de Acceso a la Información. En el momento de escribir estas notas no sé aún qué decisión haya tomado el IFAI. Pero el tema es demasiado importante como para que los mexicanos lo dejemos simplemente al criterio del IFAI.
Los funcionarios públicos siguen pensando que la información gubernamental es su propiedad privada. No se dan cuenta que somos nosotros, los gobernados, quienes pagamos por las actividades que ellos ordenan o realizan. Es verdad que hay información que no es aconsejable difundir. Pero en este caso la oscuridad parece ser un simple recurso para evitar la pérdida de apoyo popular a unos operativos que tienen tanto de político como de policial.
Es lógico que el presidente busque el apoyo de los mexicanos en el esfuerzo más importante de su sexenio. La popularidad que ha alcanzado hasta ahora por esta lucha es una buena señal. Los mexicanos están dispuestos a aceptar muchas ejecuciones y retenes a cambio de combatir a los narcotraficantes que se han enseñoreado de algunas partes del país. Los gobernadores de todos los partidos han respaldado también los operativos. Pero por eso mismo es importante que el esfuerzo se maneje con transparencia y no quede manchado por sospechas.
ARTÍCULO 129
Lo que señala el Artículo 129 de nuestra Constitución Política es muy claro: “En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Me dicen que la Suprema Corte de Justicia ha ofrecido fallos que han sentado jurisprudencia según la cual, a pesar de lo que dice este artículo, el Ejército sí puede ejercer funciones de Policía en tiempos de paz. Y no niego esos fallos, pero entonces hay que preguntarse: ¿cuál es el papel de la Corte: interpretar la Constitución o reescribirla? En un momento en que seis ministros declaran inconstitucional que un órgano desconcentrado del Gobierno tenga miembros que sirvan de forma escalonada (a pesar de éste es el sistema que usa la propia Corte y de que la Carta Magna no toca siquiera el tema), ¿de dónde sacan los ministros que el Artículo 129 de la Constitución no dice lo que claramente dice?
