En un acto sin precedentes en la historia política y económica de América Latina, los costarricenses acudieron el 7 de octubre a emitir su opinión en un referéndum convocado para decidir si respaldaban o no el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por Costa Rica, los otros cuatro países de Centroamérica y la República Dominicana, con Estados Unidos (EU).
Esta experiencia es una muestra más de la polarización de opiniones sobre el libre comercio y la lucha que tiene que librarse para que sus beneficios lleguen a todos los países. Considero útil, por tanto, hacer unos comentarios al respecto.
La consulta obedeció a una prolongada controversia en esa nación centroamericana, entre los partidarios y los opositores al Tratado, que se reflejó incluso en la elección presidencial de febrero de 2006.
El candidato triunfador, Oscar Arias, que obtuvo el 40.82 por ciento de los votos, se manifestó a favor del TLC, mientras que Ottón Solís, candidato que ocupó el segundo lugar con el 39.80 por ciento, mantuvo la posición contraria.
Este TLC fue negociado entre los países centroamericanos y EU a partir de 2002. En mayo de 2004 fue firmado por todos los países centroamericanos y EU. Un mes después, la República Dominicana solicitó y obtuvo su incorporación al TLC.
A la fecha, todos los países firmantes, excepto Costa Rica, ya lo ratificaron, por lo que ya tiene vigencia entre ellos.
En octubre de 2005 el Ejecutivo costarricense envió el TLC a la Asamblea Legislativa para su ratificación, pero los debates respectivos sólo comenzaron después de las elecciones de febrero de 2006, sin poder llegar a aprobarlo.
En esas circunstancias, y dado que el plazo máximo para ratificar el Tratado vence en marzo de 2008, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) determinó en abril del presente año que la aprobación o el rechazo al TLC podía decidirse a través de un referéndum. En esencia, la pregunta sometida al electorado fue: ¿Aprueba usted el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos? Los ciudadanos costarricenses tuvieron la opción de marcar Sí o No.
Como parte del proceso previo a la votación, el TSE elaboró y distribuyó entre los votantes un resumen del TLC con sus antecedentes, algunos datos generales sobre las economías involucradas, los principales temas, las grandes preguntas sobre sus resultados y algunas reflexiones finales. Dentro de éstas, un mensaje relevante para los costarricenses fue la indicación de que: “Se trata de votar no solo con el corazón sino, sobre todo, con la razón.”
En efecto, un tema económico relevante, como la ratificación de un tratado comercial entre varios países, no debe quedarse en la polémica de los argumentos sentimentales y los falsos llamados a defender la soberanía del país, a los que suelen recurrir con demasiada frecuencia los políticos, sino que tiene que ser analizado racionalmente y escuchando la voz de los expertos para llegar a conclusiones sensatas.
El resultado preliminar del referéndum sobre el TLC indica que los votantes costarricenses se inclinaron por el Sí en un 51.5 por ciento y por el No en un 48.4 por ciento. Aunque concurrió a votar algo menos del 60 por ciento del padrón electoral, se excedió el mínimo de 40 por ciento necesario para que el resultado del referéndum fuera vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio.
Una vez confirmado el resultado definitivo del referéndum, el TLC se convertirá en ley en Costa Rica y la lucha entre sus partidarios y adversarios se dará ahora en lo que respecta a la llamada “agenda de implementación”, que consiste en las nuevas leyes necesarias para adaptar la legislación nacional a las normas del TLC.
El veredicto de los costarricenses no fue aplastante, como lo muestran los resultados del referéndum, por lo que es probable que los opositores al Tratado, si bien quizá no logren impedir su puesta en marcha, buscarán rezagar su aplicación y obstaculizar su operación por largo tiempo.
La experiencia costarricense es relevante para toda América Latina. En una región marcada por el intervencionismo estatal es fácil engañar a la población pregonando, como se dijo en Costa Rica, que el libre comercio trata de “consolidar un modelo de desarrollo excluyente” o que el TLC “implica una especie de reforma del Estado, de carácter neoliberal.”
Esos argumentos no sólo son socorridos en todos los países latinoamericanos, sino que representan la bandera de batalla del Partido de la Revolución Democrática y sus principales figuras políticas en nuestro país.
Las ventajas del libre comercio están ampliamente documentadas en la teoría económica y demostrada en la realidad internacional. Sin embargo, la experiencia de Costa Rica muestra que la batalla para lograr su generalización nunca acaba, ya que sus detractores apelan recurrentemente a señalamientos como los de evitar la apertura en sectores “estratégicos” de la economía nacional, la amenaza de cierre masivo de empresas, las pérdidas de empleo, etc.
Estos planteamientos fueron hechos en Costa Rica como lo fueron y siguen siendo en México, especialmente ahora que se acerca en 2008 la apertura en el comercio de maíz y frijol.
Afortunadamente para Costa Rica, sus electores no escucharon estos cantos de sirena y optaron por respaldar un convenio que puede no ser el ideal, pero que va en la dirección correcta al disminuir las barreras artificiales al comercio internacional.
Esperemos que en México suceda algo similar. Que el gobierno de Calderón elimine las barreras arancelarias y no arancelarias que siguen entorpeciendo el libre comercio, así como que también ponga oídos sordos ante las presiones que se avecinan para impedir la entrada en vigor de la apertura agrícola en nuestro país.
