“Palabras a cambio de bombas”.
Federico Döring, senador
Un grupo de senadores de la República ha decidido pedir al pleno del Senado que apruebe la creación de una comisión especial para dialogar con el Ejército Popular Revolucionario, el EPR y resolver sus “justas demandas”.
El senador Ulises Ramírez del PAN, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, dijo esto en una reunión con el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el 19 de septiembre. La propuesta no era una posición personal, sino que tenía el apoyo de otros senadores de la comisión. El perredista René Arce, por ejemplo, sugirió que la PGR suspendiera las averiguaciones previas que ha comenzado sobre los atentados del EPR con el fin de ofrecer a los guerrilleros “una tregua”.
La aceptación de esta propuesta, sin embargo, sería la peor acción que pudiera tomar el Gobierno mexicano. Negociar con una organización terrorista simplemente porque ha colocado bombas que han destruido gasoductos y han causado miles de millones de pesos en pérdidas a Pemex y a industrias establecidas en nuestro país sólo ayudaría a promover más ataques de esta naturaleza.
Una de las razones por las que los grupos radicales en México se han acostumbrado a hacer bloqueos de vías de comunicación o plantones, como el que se hizo el año pasado en el paseo de la Reforma de la Ciudad de México, el que ocupa hoy la plaza de la República o los que se realizan constantemente en Oaxaca, ha sido precisamente la tolerancia que han mostrado los distintos órdenes de Gobierno ante este tipo de acciones, las cuales no serían aceptadas en ningún otro país del mundo.
Si realmente se hiciera lo que piden estos senadores, si el Gobierno suspendiera las averiguaciones previas por los atentados con el fin de dialogar con el EPR la solución a sus “justas demandas”, se estaría mandando el mensaje a todos los grupos políticos del país que lo que hay que hacer para obtener la atención del Gobierno es realizar atentados terroristas. Los grupos que hoy recurren a los bloqueos de vías de comunicación para llamar la atención a sus exigencias, simplemente empezarían a volar gasoductos.
Uno de los problemas fundamentales de México surge del hecho que las instituciones del Estado se dedican a violar las reglas que el Estado mismo establece. De esta manera se crea un incentivo perverso. Quienes cumplen la ley no tienen la atención de las autoridades; quienes la violan, sí.
Yo no sé si haya “demandas justas” entre los miembros del EPR. Si algún miembro de su grupo ha sido —como ellos lo señalan— detenido en alguna cárcel clandestina, la acción debe ser castigada. El EPR dice que tiene videos que lo comprueba, pero no los ha dado a conocer. De cualquier manera, no se puede exigir el cumplimiento de un derecho violando los de los demás.
Nuestros políticos, sin embargo, ven las cosas desde un punto de vista distinto. En parte esto se debe a que siempre están buscando sacar alguna ventaja de los problemas del pueblo. Pueden darse el lujo de fomentar nuevos ataques terroristas, porque no son directamente afectados por ellos. Si hay escasez de gas, ellos no la sufrirán, ya que se les dará prioridad en el abasto. Si alguien pierde el empleo por los daños causados por los atentados, no serán ellos, porque su trabajo no depende de su capacidad o productividad sino del dinero que les arrancan a los contribuyentes. Si hay pérdidas de vida o daños materiales, ellos no serán los afectados, porque están protegidos por las Fuerzas de seguridad.
Como nación, sin embargo, los mexicanos debemos abandonar esta filosofía. Debemos entender que negociar con un grupo terrorista no hace más que fomentar nuevos atentados, tanto de los grupos que ya existen como de otros que puedan surgir en cualquier momento.
Si los senadores realmente estuvieran escuchando lo que dice la gente común y corriente —ese pueblo que ellos dicen representar— se asustarían sin duda. Lejos de tolerancia, lo que pide el mexicano es que se actúe con energía contra quienes violan los derechos de terceros al amparo de hacer reclamaciones políticos. Lo que piden las personas normales, esas que pagan impuestos y a quienes se les detiene e infracciona si cometen alguna falta, es que las mismas reglas que se aplican a ellas se usen también contra los políticos –y los miembros del EPR eso son— que violan las leyes.
Hasta ahora México ha logrado escapar a las consecuencias de un terrorismo abierto y violento, como el que países como Colombia e Irak han sufrido a lo largo de los años. Pero recompensar a los terroristas estableciendo mesas de diálogo para discutir sus “justas demandas” es el mejor camino posible para generar nuevos atentados.
DECRETOS Y CIRCULARES
Me dice un empresario que algunos funcionarios de Hacienda les han dicho a los representantes de la industria maquiladora que no deben preocuparse por el impacto negativo de la miscelánea fiscal ya aprobada en el Congreso debido a que la autoridad emitirá decretos y circulares con el fin de neutralizarlo. Pero yo me pregunto: ¿qué caso tiene promulgar leyes si, desde antes que entren en vigor, ya la autoridad está buscando compensar los daños que causarán? ¿No habría sido más fácil hacer buenas leyes desde un principio?
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