Los comuneros de Cacahuatepec ganaron el martes una batalla judicial contra la construcción de la presa La Parota, en el municipio de Acapulco, donde la Comisión Federal de Electricidad planeó desde hace más de treinta años establecer una planta hidroeléctrica Una jueza federal –Livia Lizbeth Larumbe Radilla, titular del juzgado octavo de distrito con sede en aquel puerto—otorgó la suspensión definitiva en un juicio de amparo con que se valida la movilización social de los presuntos afectados para impedir la pérdida de sus tierras y la alteración irremediable del medio ambiente en la comarca.
La decisión judicial fue emitida “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y las autoridades se abstengan de autorizar (sic) la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales del río Papagayo (para evitar) daños irreversibles a los quejosos que viven en Cacahuatepec”.
No puede afirmarse que con este fallo se cancela el proyecto hidroeléctrico que ha dividido a las comunidades, pues a la suspensión definitiva sigue el juicio de garantías constitucionales propiamente dicho. Sólo al cabo de ese proceso podrá saberse si la presa será construida o no. Por lo pronto, la CFE debe abstenerse de realizar cualquier trabajo que contravenga la suspensión. Recuérdese que la ley de amparo, para hacer valer las decisiones judiciales e impedir que las autoridades responsables las desdeñen e incumplan, castiga con la destitución del cargo al funcionario que incurre en desacato de esta naturaleza.
Téngase presente que la conjura que concluyó con el desafuero del jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, pero no pudo llegar a su enjuiciamiento, partió precisamente de la acusación, en falso, de que desobedeció un mandamiento judicial de este género y alcance.
El director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías, quedaría en la misma hipótesis jurídica si subalternos suyos pasaron por alto la resolución de la jueza Larumbe Radilla.
Data de 1976 la intención oficial de contener mediante esta presa las aguas del río Papagayo. Diversas circunstancias aplazaron durante largo tiempo la elaboración del proyecto respectivo y después la ejecución del mismo, hasta que en 2002 empezó a concretarse ese propósito.
Cuando la CFE presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales su Manifestación de impacto ambiental, no pudo menos que reconocer que el proyecto, cuyo costo se estima en 800 millones de dólares, implicaría el desplazamiento de miles de pobladores por la inundación de sus tierras y la destrucción de parte de la escasa infraestructura de la zona, como dos puentes sobre los ríos Omitlán y Papagayo, 16-6 kilómetros de carretera pavimentada y 22.8 de terracería así como la modificación del entorno ecológico.
Además de los trabajos técnicos, la Comisión Federal de Electricidad emprendió un programa social, de persuasión a los pobladores para que aceptaran ser trasladados fuera del área de construcción de la presa. Se ofreció a los comuneros el pago de sus tierras al precio de 70 centavos por metro cuadrado. A pesar que el trabajo agrícola es arduo y mal remunerado, un grupo de comuneros rehusó esa compensación y se organizó para impedir la obra.
Ello dio lugar a movilizaciones que han producido la detención de dirigentes de esos comuneros, a los que se acusó de privar de la libertad a un funcionario de la CFE al que sólo habían retenido para explicar las razones de su posición a la presa. Para su fortuna era tan vano el señalamiento que sólo permanecieron unos días en prisión, pero pudieron haber padecido la suerte de los activistas de Atenco, Ignacio del Valle centralmente, a los que en segunda instancia se ha ratificado la aberrante condena a más de 67 años de cárcel por una conducta que sólo con insensatez puede ser equiparada a secuestro. En un enfrentamiento entre grupos con intereses opuestos murieron durante este proceso tres campesinos.
La CFE y el Gobierno de Guerrero (tanto cuando lo encabezaba el priista René Juárez Cisneros como ahora con Zeferino Torreblanca, que llegó al Gobierno postulado por el PRD) han puesto el acento en la organización de asambleas de las que deriven acuerdos de conformidad con la presa. Pero no necesariamente han cuidado la licitud de los mecanismos de convocatoria y de desarrollo de as reuniones, a las que acuden mayoritariamente personas engañadas con falsas promesas o engatusadas por la esperanza de indemnizaciones que les hagan salir de la pobreza en lo inmediato, pero que les impedirían contar con su medio de vida tradicional.
Los opositores a la construcción de la obra hidroeléctrica han recurrido a varias instancias judiciales para frenar el propósito desarrollista. Han obtenido resoluciones favorables de tribunales agrarios en el mismo sentido que la suspensión ganada el martes 11 de septiembre, a cuyo valor jurídico intrínseco se añade el que muestran que no se trata de agitadores antigubernamentales o avorazados que pugnan por hacerse pagar mejores indemnizaciones.
Empleo con sentido peyorativo el término desarrollista para calificar el proyecto de La Parota. De ese modo se identifica a los planes de gobiernos que sólo atienden a necesidades del crecimiento económico (como la generación de energía eléctrica) sin atender y a veces ni siquiera reparar en los costos humanos, sociales y ambientales de obras que se imponen como condenas en nombre de un falso bien general.
