La Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), pilar de la llamada reforma integral de la Hacienda Pública presentada al Congreso por el Presidente Calderón, es un gravamen que desde su concepción tiene vicios que lo descalifican para ser la base del sistema impositivo que requiere el país en este siglo 21.
Aunque el Presidente y su Secretario de Hacienda insisten en las bondades de este nuevo impuesto, la realidad es que se trata de un parche más en el complejo y distorsionado sistema fiscal mexicano. Lo preocupante es que tanto el Ejecutivo Federal como varios miembros del Congreso pretenden convencer a la ciudadanía de las bondades de un invento desatinado.
En efecto, en su participación reciente ante la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana, el Secretario Carstens, afirmaba que “La naturaleza novedosa de este gravamen, que en cierta forma rebasa los paradigmas habituales de nuestro sistema tributario, lógicamente ha despertado inquietudes y también, por desgracia, ha favorecido la propagación de versiones incompletas, sesgadas o francamente equivocadas sobre la naturaleza de este impuesto.”
Específicamente, el Secretario se refirió a la crítica de los efectos negativos de la CETU sobre el empleo. Lo curioso es que la defensa misma que hace el funcionario confirma que, efectivamente, la CETU perjudica al empleo. De otra forma, no se explica por qué señala que en su diseño se han incorporado “diversos mecanismos muy eficaces no sólo para preservar sino para fomentar el empleo.”
En buen castellano, lo anterior significa que, efectivamente, la CETU sí atenta contra el empleo, por lo que ha sido necesario adornarla con medidas complementarias que minimicen o neutralicen ese efecto, lo que todavía está por verse. En la misma línea de pensamiento se inscribe la debilidad de la argumentación del Presidente y varios diputados y senadores, destacando que en el proceso de discusión se han atendido los reclamos de varios grupos, como las organizaciones sin fines de lucro, para no ser perjudicadas por la CETU.
Las complicaciones de este impuesto arrancan desde su razón de ser. Como lo reconoció el Secretario de Hacienda en la presentación referida, la CETU es “un impuesto de control, que sustituiría al actual Impuesto al Activo.” Este gravamen, conocido como IMPAC, desde un principio fue cuestionado y a lo largo de su historia accidentada ha sido sujeto de múltiples modificaciones que no lograron hacerlo un impuesto eficiente.
Ahora, al parecer, el remedio será peor que la enfermedad. En lugar de enfrentar directamente el problema de la baja recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado a través de lo que indican las mejores prácticas tributarias, es decir, eliminando todos los regímenes de exención que reducen su recaudación, nuestras autoridades quieren atacarlas por la puerta trasera, con el experimento de la CETU.
Esto es un ejemplo más de la nefasta práctica gubernamental de complicarles la vida a los contribuyentes, por los cambios constantes en las normas tributarias. De acuerdo al informe “Pagando los Impuestos”, publicado el año pasado por el Banco Mundial (BM), Brasil es el campeón mundial en el número de horas (2,600), que tienen que dedicar las empresas al año para cumplir con las normas tributarias. Parte de ello se explica por las modificaciones frecuentes a sus disposiciones fiscales.
En México, como decimos coloquialmente, no cantamos mal las rancheras, ya que el tiempo respectivo se situaba en 552 horas antes de la introducción de la CETU, que seguramente aumentará para cumplir las nuevas obligaciones tributarias. En contraste, en Estados Unidos son 325 horas y en Canadá tan sólo 119.
Respecto al número de pagos que tienen que hacer las empresas en México para cubrir sus impuestos, el informe referido del BM indica que ascienden a un total anual de 12, es decir, uno mensual. En los países socios de México dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá y Estados Unidos, estos pagos son sólo 2. Evidentemente, la CETU creará una carga adicional, no sólo para las empresas establecidas en nuestro país, sino también para muchas personas físicas. Habrá, eso sí, más recaudación, pero ello no compensará las distorsiones que creará en la economía.
Precisamente, el informe mencionado señala tres lineamientos básicos para considerar las opciones de reforma de los sistemas fiscales. Estos son: simplificar las leyes fiscales; facilitar los requisitos para su cumplimiento; y consolidar los impuestos. Todo indica que nuestras autoridades caminan en un sentido totalmente opuesto a esas indicaciones, al violar los principios económicos básicos de neutralidad, eficiencia y equidad que se recomiendan para diseñar e instrumentar cualquier impuesto.
Los argumentos utilizados para defender la CETU y, para el caso, todas las medidas de la iniciativa fiscal del Presidente Calderón son muy válidos. Pretender una mayor recaudación, lograr una menor dependencia de los ingresos petroleros, hacer una mejor asignación del gasto público, avanzar en el federalismo fiscal, tratar de reducir la informalidad, etc., son propósitos poco cuestionables. El asunto es que estos objetivos no serán alcanzados con un parche como la CETU, ni con las otras medidas propuestas.Mientras nuestras autoridades máximas sigan privilegiando su popularidad personal o la imagen de políticos que logran consensos, así sea a costa de sacrificar el futuro del país, no podemos aspirar a un crecimiento económico sano, alto y sostenido. Trágicamente, son los pobres, a quienes esos mismos políticos dicen defender, los que padecen con mayor rigor las consecuencias de esta miopía.
