Durango

Participa poco el Gobierno en venta de frijol

Exige la ODC “Plan de Ayala” una participación más responsable y comprometida del Estado en procesos de apoyo al campo como la comercialización del frijol, en el que se ha mostrado ausente en su labor de vigilancia.

Exige la ODC “Plan de Ayala” una participación más responsable y comprometida del Estado en procesos de apoyo al campo como la comercialización del frijol, en el que se ha mostrado ausente en su labor de vigilancia.

El Siglo de Durango

Es endeble la participación y la responsabilidad que asume el Gobierno del Estado en el proceso de comercialización del frijol, consideró el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Santiago Gustavo Pedro Cortés.

Puso de ejemplo que después de meses siguen en problemas los productores de Cuauhtémoc, Cuencamé, pues la empresa que les acopió lo hizo fuera de norma y no les ha pagado cerca de tres mil toneladas de leguminosa.

Asimismo, consideró lamentable que el Gobierno Estatal no ha podido revertir el juicio de los productores en el sentido de que la Planta Beneficiadora de Frijol de Guadalupe Victoria es un “elefante blanco”.

Por ello, estimó urgente que el Estado asuma un papel más protagónico y comprometido, sobre todo porque participa como rector de esquemas federales en los que incluso no invierte ni un peso en muchos de los casos.

El también dirigente de la Organización de Defensa Campesina “Plan de Ayala” dijo: “Al sistema de comercialización del frijol hay que fortalecerlo, vigilarlo, cuidarlo... meterle sobre todo mucha vigilancia”.

Añadió: “Yo creo que el Gobierno del Estado tiene mucha responsabilidad, porque los esquemas y los recursos son federales, y a quién le toca vigilar el proceso, pues al Estado, que no le pone ningún peso a la comercialización”.

“El Estado puede jugar un papel importante en cuanto a gestión, vigilancia, en cuanto a que existan reglas claras, pues puede pasar lo que sucede con la planta de frijol en Guadalupe Victoria: es un elefante blanco”.

Gustavo Pedro Cortés señaló que ésta “es una obra muy grande que se construyó con recursos federales principalmente, se hizo mucho escándalo, pero la pregunta es: ¿qué han ganado los productores?, pues hay en esta planta cerca de 70 millones de pesos invertidos”.

Y subrayó: “Lo que no está claro es cómo los campesinos se van a beneficiar con esa obra, y eso le toca armarlo al Gobierno Estatal, porque la Federación ya le entregó la obra al Estado para su administración”.

“Entonces, ésas son las cosas donde el Estado, ni le mete nada, ni le mete gestión, esfuerzo o algo más para fortalecer las cosas”.

Dejó claro que se requiere afinar los procedimientos y definir las funciones que tendrá el gobierno local con más claridad, “pues el Estado debe tener un papel más protagónico”, resaltó.

Y es que insistió que en las cuestiones del campo, como en el caso específico de la comercialización del frijol, “la contraloría social que se ha inventado no es más que un cuento chino...”.

“Es que el Estado no vigila, no funciona, ni gestiona lo suficiente, ni hace lo necesario para que el esquema, aunque son recursos insuficientes, le sirva a los campesinos”.

Caso Cuauhtémoc

“Hay muchos intereses en el proceso de comercialización del frijol cada año”, señaló el diputado federal Gustavo Pedro Cortés, dirigente de la ODC “Plan de Ayala”.

Refirió que en la comunidad de Cuauhtémoc, en el municipio de Cuencamé, todavía les deben a los productores cerca de tres mil toneladas de frijol, porque esa leguminosa se acopió desde diciembre y no se les ha pagado a los productores, debido a que el proceso de captación se hizo fuera de la norma.

“La empresa que acopió, de gente ligada al PRI allá en Cuauhtémoc, de los de la Integradora Estatal pasada, la gente de Carmelo Fernández, acopió sin autorización de la autoridad, y luego ya no supieron cómo pagar”, narró.

“Entonces” –continuó-, “presionaron a Sagarpa para que les dieran dinero para pagar, Sagarpa sólo les dio para dos mil toneladas, y quedan todavía unas tres mil que no le han pagado a los productores”.

“... Pero el problema es ¿quién permite todas estas cosas? El Gobierno del Estado, pues es quien vigila el proceso”, concluyó.

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