Ocupados en importantes menesteres propiamente legislativos, que produjeron las reformas fiscal y electoral, esta última a punto de consumarse con su publicación en el Diario Oficial, se diría que los senadores descuidan otras funciones diversas a las de elaborar leyes, pero de semejante importancia. Por ejemplo, tienen que participar en la integración de órganos del Estado como el Consejo de la Judicatura Federal y no son diligentes en esa tarea. Más todavía, el activismo legislativo que han mostrado desde que aprobaron la Ley para la Reforma del Estado no puede ser explicación a su negligencia en otros menesteres, porque su omisión es ya añeja. O casi.
La próxima semana se cumplirá un año de que Constancio Carrasco fue designado por la propia Cámara de Senadores como magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que dejó vacante su puesto en el Consejo de la Judicatura. Su nombramiento correspondió a esa Cámara, por lo que ella misma deberá colmar el hueco dejado por el renunciante. Como se sabe, dicho consejo se integra por consejeros designados por los poderes: la Suprema Corte nombra a tres, el Senado a dos y el Ejecutivo a uno más.
Desde el 6 de noviembre de 2006 en que se produjo la vacante de Carrasco el presidente del Consejo que lo es también de la Corte y que en ese momento era todavía el ministro Mariano Azuela, solicitó al Senado hacer la elección correspondiente. Los miembros de esa Cámara procedieron con parsimonia por no decir con displicencia. Se emitió una convocatoria pública abierta en que decenas de personas se inscribieron con la intención de ser considerados para el cargo. El 4 de diciembre la Junta de Coordinación Política escogió 29 nombres de aquel cúmulo de solicitantes y sólo el 26 de enero de este año se hizo la segunda publicación de dicha lista, a cuyos integrantes se dio un plazo de cinco días para presentar un trabajo escrito que avalara su pretensión.
Ya para entonces el cuadro se había modificado o descompuesto si se le ve desde la perspectiva del interés de las fracciones parlamentarias. Si bien los candidatos se autopropusieron, era manifiesto el interés de los partidos por contar con aspirantes a los cuales apoyar. Ese era el caso, para el PAN, de Armando Salinas Torre y de Arely Gómez González, ella funcionaria en la Suprema Corte, él ex diputado y ex secretario de enlace legislativo en Gobernación. Pero con la integración del nuevo Gobierno, ambos mudaron sus preferencias. Si en algún momento quisieron ser consejeros de la Judicatura, les cuadró mejor no esperar y aceptar Salinas su regreso a Bucareli, ahora como responsable de asuntos migratorios y religiosos y Gómez la Fiscalía Especial para Delitos Electorales en la PGR. El PRD, por su parte, vio cómo quedaba descalificada Diana Bernal, la muy competente jurisperita que, sin embargo, por haber sido diputada sólo meses atrás, en la fracción perredista, era inhábil para contender por el cargo.
Tales bajas en la lista complicaron un problema que se había esbozado desde la integración de ese elenco. De los 26 aspirantes que permanecieron, sólo siete no pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Ese desequilibrio de origen orientaba la decisión senatorial a un extremo que no es, a mi juicio, prudente. Si el legislador quiso que los poderes integraran el Consejo de la Judicatura, seguramente lo hizo con la previsión de que conjugaran visiones diferentes y complementarias, facilitadas por el origen de las designaciones respectivas. Sin embargo, en el breve lapso en que ha contado con esa facultad (a partir de 1995) el Senado se ha inclinado a hacer recaer sus propios nombramientos en miembros del Poder Judicial y no de hacerlo entre representantes de otras esferas jurídicas.
En vez de anular la convocatoria de noviembre de 2006 y empezar de nuevo (lo cual ciertamente requería una fundamentación inteligente), el Senado soslayó el problema y dejó correr el tiempo. El doce de abril el nuevo presidente del Consejo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia instó a los senadores a aplicarse al asunto, porque la vacante dificulta el trabajo de un órgano colegiado cuya eficacia descansa en el quórum.
El 17 de octubre, seis meses después, el propio firmanente tuvo que insistir en el tema y una semana después de modo público otros integrantes del Consejo, aprovechando que parte de la atención mediática se había dirigido al Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia emplearon ese foro para reiterar la demanda cuya insatisfacción tara su desempeño. Por añadidura, al cabo de este mes se generará otra vacante, la del consejero Miguel Quiroz, que llega al término de su nombramiento, y que también corresponde cubrir al Senado. De producirse una demora semejante a la de ahora, crecerán las dificultades del funcionamiento interno del consejo.
Una de las razones del pasmo senatorial es que esa Cámara está apenas en trance de consolidar su funcionamiento institucional y en ese proceso la coyuntura y los intereses particulares siguen teniendo un peso determinante.
El protagonismo de los líderes de las tres bancadas de mayor presencia (Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel y Carlos Navarrete), cada uno de los cuales tiene su propia agenda personal, les permite coincidir en temas que son al mismo tiempo trascendentes y vistosos. Pero ponen menor empeño, si es que ponen alguno, en resolver asuntos como este que hemos descrito, aunque su omisión afecte para mal a la justicia.
