Petróleos Mexicanos está de acuerdo en que se endurezcan las sanciones contra los gasolineros que defrauden y vendan por litros una cantidad menor o combustible adulterado, informó Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado.
El Senado había consultado a la empresa sobre el contenido y alcance del dictamen que castiga esas conductas y que se regresó a comisiones porque existían dudas sobre su redacción jurídica.
Labastida precisó que la consulta se hizo directamente al director de Pemex, Jesús Reyes Heroles. Se dejó en claro que la carga de la prueba la tiene que hacer el acusador y no la paraestatal.
También se especificó que la sanción será para el dueño de la gasolinera, no para quien despacha el combustible a los automovilistas.
Según el dictamen, que el mes anterior se regresó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, se castigará con cárcel de 3 a 10 años, multa de hasta 200 mil días de salario y revocación de la franquicia, al que cometa esas faltas.
El senador Tomás Torres, secretario de la Comisión de Justicia, explicó que era necesario hacer la consulta a Pemex, sobre todo porque se requería saber si la empresa podría asumir el cargo de la prueba cuando se presentara alguna denuncia.
Se convino en que la responsabilidad del cargo de la prueba la tenga el acusador, que podría ser la Procuraduría Federal del Consumidor, que es la institución que por ley defiende a los compradores de productos o servicios.
De acuerdo con los senadores Labastida (PRI) y Torres (PRD), una vez que se ha recibido respuesta de Pemex, el dictamen deberá de regresar al pleno del Senado, para su discusión y votación, en los próximos días.
Coincidieron y dieron por hecho que la reforma al código penal que tipifica y castiga la venta fraudulenta de gasolina, diesel y gas carburante, recibirá luz verde en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso.
Para los legisladores, el fraude al consumo que cotidianamente se comete por las unidades de servicio que expenden gasolina, hasta ahora no ha merecido una atención adecuada.
En su opinión este un problema grave y se refleja en las cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor. En el 2004 el número de expendios de gasolina que operaban con irregularidades ascendía a un 90 % y en el 2005 a un 70 %.
La desconfianza de los ciudadanos hacia las gasolineras es del 86 %. “Conforme las últimas revisiones de la Profeco, el 40 % de las gasolineras continúa realizando una venta irregular y sus ganancias por dicha actividad alcanzan los 8 mil millones de dólares”, dijo el senador Tomás Torres.
El perredista consideró fundamental regularizar esta situación, sobre todo ante el inminente aumento de precio de los combustibles, a partir del mes de enero.
