Nadie, o quizá muy pocos, puedan negar que efectivamente uno de los problemas que debe enfrentar el país es la reforma de los sistemas de pensiones públicos, ya que los escenarios en que estos se llevaron a cabo, hace unos 50 años más o menos, han cambiado notablemente, y por tanto, la viabilidad técnica de los mismos tiene que revisarse. Esta es una realidad que incluso los que se oponen a esta reforma aceptan, en el caso de la del ISSSTE, que es la que nos ocupa.
En efecto, el aumento de la esperanza de vida, el desequilibrio en la proporción entre trabajadores activos y jubilados (sobre lo que descansa el esquema solidario de pensiones) y el cambio en los perfiles epidemiológicos, son los datos duros que se deberían poner en el centro de la reflexión y la discusión del tema, para afrontar el problema; pero no ha sido así.
La sombra de los pasivos contingentes está ahí, acechando, sin que en el horizonte se vislumbren los recursos necesarios para hacer frente a esta eventualidad. Pero el que haya un problema de viabilidad técnica para continuar con este esquema de previsión social no justifica que se privilegie la orientación tecnocrática para hacerle frente, aunque no es raro ya que ésta ha avasallado la dimensión social que debe contener la política económica desde hace ya varios sexenios.
Pero aún más, a la forma tecnocrática de esta manera proceder se suma el expediente nefasto que se supuestamente iba a desterrar la democratización: el corrupto corporativismo sindical, en este caso representado por Elba Esther Gordillo y el líder de los burócratas.
Y es que no hay que olvidar que entre las particularidades de los sistemas pensionarios públicos es que en buena medida quedaron diseñados en la época en que el voto sindical corporativizado de los empleados del Estado era un arteria importante que daba vida al régimen priista. Quizá de ahí viene el señalamiento de que son trabajadores “privilegiados”, puede ser, pero en todo caso la solución debe pasar por esta cuestión, y en vez de ello los gobiernos panistas, del cambio, han preferido treparse en esta estructura.
Por cierto, las cifras constatan que buena parte de mexicanos no viven en condiciones satisfactorias, digamos en un piso mínimo, sino en el subsuelo, luego entonces esa caracterización de “privilegiados” debe de relativizarse mucho. Este es un lado de la cuestión.
Ahora bien, suponer que la administración privada de las pensiones, y de los servicios médicos, será escrupulosa y siempre de cara al interés prioritario del pensionado es muy aventurado, y los resultados ya observados (banca, carreteras) hablan de ello. En este sentido, una afore pública, o cualesquier otra entidad destinada a esta labor, no debería ser temporal, sino permanente, y con una auténtica representatividad democrática, parece redundante la frase pero en nuestro contexto es más que pertinente.
En otras palabras estamos ante un problema de previsión social que es incompatible con la visión privada de hacer negocios, que en este país suele ser descarnada en el sector financiero particularmente, sobre todo en este “capitalismo de compadres” que padecemos.
Es verdad que entre las condiciones para asentar una auténtica ciudadanización está el avanzar en la autonomía del individuo y dejar atrás la visión paternalista frente al Estado, lo que implica entre otras cosas, que aquél participe en su futura sustentación. Pero de ahí a suponer que en un contexto económico dominado por las corporaciones multinacionales, particularmente las financieras habidas de lucro, el individuo puede por si sólo hacerse cargo de su previsión, es una ilusión.
Si a ello agregamos la precariedad laboral, los bajos salarios y el desempleo recurrente de las personas, pues sencillamente este esquema pensionario no solamente es inviable para los individuos, sino también para la sociedad.
El trabajador, o cualquier persona, tiene un derecho individual, pero estos esquemas lo ven como ente aislado, por lo tanto, como presa fácil para la voracidad comercial de las corporaciones, lo cual se potencia en un Estado que no se caracteriza por defender los derechos de los individuos y, por tanto, de los consumidores. Notable paradoja.
Ahora bien, efectivamente el Estado mexicano enfrenta una gran crisis fiscal y ello ha constituido un gran acicate para este tipo de reformas en las que busca reducir sus requerimientos financieros. Una profunda, equitativa y progresiva reforma fiscal, sigue siendo aplazada por los fuertes grupos de poder, fácticos pues.
Tampoco se dice que en el agravamiento de esta crisis fiscal en los últimos años ha contribuido el manejo irresponsable, ineficiente, y corrupto en algunos casos, de los últimos gobiernos, como resultado del cual ha aumentado enormemente la necesidad de recursos fiscales para hacerle frente a la deuda, los varios fobaproas pues.
Así pues, el resultado de la reforma fiscal, que por enésima vez se intentará, revelará si la tónica sigue siendo recargar los costos de los ajustes y de los cambios sobre quienes siguen teniendo menor capacidad de pataleo, o si por fin podemos observar un atisbo de equidad y justicia social en el asunto. Hay tareas.
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