Vivir fuera del marco legal resulta a la larga costoso no sólo a los habitantes de las colonias irregulares, sino al propio Gobierno y a la sociedad en general; no obstante, para un reducido grupo de personas sin escrúpulos, resulta muy provechoso.
Las invasiones de predios son un problema histórico en La Laguna producto de la pobreza, la incapacidad y falta de sensibilidad de las autoridades para satisfacer oportunamente la demanda de un grupo social vulnerable, y, las más de las veces, el oportunismo político-electoral. Muchas de las colonias populares que hoy están regularizadas, iniciaron como asentamientos irregulares.
Actualmente, el proceso de apoderamiento de un predio es casi una fórmula: un “líder” precarista de alguna organización ligada a un partido político ubica un terreno y junta a un grupo de personas de escasos recursos necesitadas de una propiedad dónde fincar una vivienda. Con la promesa de gestionar ante las autoridades los servicios públicos y la regularización del espacio ocupado, los “líderes” convencen a la gente para iniciar la invasión. De la noche a la mañana, jacales de madera, cartón, lámina y hule aparecen en una propiedad no delimitada de un pudiente particular, de una empresa o del Gobierno mismo.
Así, es posible observar cómo de pronto surgen colonias en terrenos agrestes y, por lo general, en condiciones insalubres y de alto riesgo, como los alrededores de las vías del ferrocarril o una ribera. Sin pavimento en sus calles, ni agua potable, drenaje, luz eléctrica, mucho menos alumbrado público y teléfono, los invasores se instalan en su inseguro hogar con la esperanza de que los “líderes” cumplan sus promesas. Éstos, como se ha observado en muchos casos, no actúan impelidos por la compasión o la buena voluntad, sino por un interés que va de lo económico a lo político.
Los nuevos colonos representan para el “líder” un capital humano que puede utilizar para negociar todo tipo de beneficios con autoridades, partidos o cualquier otra organización. Él, en calidad de gestor o dirigente, administra y distribuye los apoyos que logra organizando manifestaciones que funcionan como demostraciones de fuerza. Si la gente que controla ayuda a un candidato a ocupar algún puesto de elección popular a cambio de algunas promesas que no cumple, arremete contra él y le causa serios dolores de cabeza aunque sepa que la nueva autoridad no está en la posibilidad de materializar su compromiso. El poder que alcanzan algunos de estos “líderes” de colonias irregulares es tal, que pueden incluso negociar con un partido un cargo público, una regiduría, por ejemplo.
Pero el culpable de este problema no sólo es del “líder”, quien, a fin de cuentas, es un oportunista. Los partidos políticos que se convierten luego en Gobierno propician esta situación de oportunidad dando, a veces por desdén y otras por perversa conveniencia, sólo ‘mejorales’ (ayuda asistencial) para enfermedades sociales crónicas como lo son la miseria y la ignorancia.
Lo más cruel es la situación de riesgo y alta vulnerabilidad en la que son puestos los pobladores de un barrio de invasión. Su condición de miseria no sólo no se resuelve, se complica; su calidad de vida no sólo no mejora, sino que empeora. Viven con el temor permanente a ser desalojados por la Policía, lo cual a veces ocurre. Por el hecho de habitar en un terreno ajeno, irregular, no pueden acceder a los servicios que les prometieron. Entonces, se ven orillados a conectarse clandestinamente a la red municipal de agua potable o a “colgarse” de los cables de la Comisión Federal de Electricidad para contar con energía. Ambas acciones implican un delito, pero la segunda representa además un gran peligro: las improvisadas conexiones suelen hacer cortocircuito que, en medio de jacales de cartón, madera, hule y cilindros de gas, se convierten en la chispa que enciende el polvorín. Devastadores incendios amenazan la vida de cientos de personas, habitantes o no de las colonias irregulares. En el mejor de los casos, las familias pierden su pequeño patrimonio.
Pero ante la indolencia de las autoridades y con la imprudente motivación de los “líderes”, los damnificados reconstruyen sus viviendas en el mismo lugar y con las mismas condiciones de riesgo. Y así continúan en esa espiral de marginación, inseguridad e incertidumbre, esperando que les cumplan lo que un día les prometieron. Y esta situación, con el tiempo, se vuelve un lastre para toda la ciudad. Según la delegación Coahuila de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en Torreón hay alrededor de seis mil familias viviendo en estas lamentables circunstancias.
