La controversia ha marcado desde el principio al proceso de concesión del servicio de limpieza de Gómez Palacio. La oposición de algunos grupos, las dudas no aclaradas, el incumplimiento de los plazos, la falta de claridad y el escándalo, han enturbiado esta privatización. Y mientras la polémica sigue creciendo, la ciudadanía aún no ve los beneficios que la Presidencia Municipal prometió.
Desde los primeros meses de su Administración, el alcalde Octaviano Rendón Arce planteó como una solución al deficiente desempeño del Departamento de Limpieza, la contratación de una empresa que ofreciera el servicio en lugar del Municipio, como sucede en Torreón.
Pero la propuesta se enfrentó de inmediato al rechazo, por una parte, de los regidores de la fracción panista en el Cabildo y por otra, de los agremiados al Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Gómez Palacio. Los primeros argumentaron que invertir en el departamento para mejorar el servicio resultaría menos oneroso que una privatización. Los segundos manifestaron su temor a que los empleados municipales de limpieza perdieran su trabajo y además no fueran liquidados adecuadamente.
Pese a la oposición, el Gobierno Municipal decidió a finales de 2005 licitar la realización de un estudio técnico-jurídico-financiero que sirviera como sustento para la elaboración de las bases de la licitación para la concesión del servicio. No obstante, en marzo de 2006 la licitación fue declarada desierta, ya que ninguna de las cuatro empresas concursantes cumplió con los requisitos y tuvo que lanzarse una nueva convocatoria.
En abril el Ayuntamiento decidió contratar a la empresa Estudios y Técnicas Especializadas en Ingeniería S. A. (ETEISA), quien debía entregar el estudio en junio, lo cual no ocurrió y esto ocasionó un nuevo retraso en el proceso de privatización.
Más de dos meses después de la fecha indicada, ETEISA entregó los resultados al Municipio y aunque el 18 de agosto el alcalde informó que en 15 días por fin sería lanzada la licitación, no fue sino hasta el 23 de septiembre cuando el Cabildo en pleno aprobó por mayoría llevar a cabo el procedimiento de privatización. A partir de ese momento, las manifestaciones de rechazo del personal sindicalizado fueron en aumento. Los pepenadores del relleno sanitario se unieron a la protesta.
En noviembre se hizo público que la Tesorería Municipal de Gómez Palacio había ?inflado? los gastos del Departamento de Limpieza para justificar la concesión, lo cual fue negado por el titular de la dependencia.
Pero este asunto pasó rápidamente a segundo plano cuando las autoridades municipales anunciaron que la designación de la empresa que se haría cargo del servicio, no sería a través de una licitación pública nacional, como se había anunciado, sino por medio de una convocatoria. Este repentino cambio acrecentó la desconfianza en el ya de por sí cuestionado proceso.
El 17 de noviembre inició la venta de bases de la convocatoria, misma que se cerró el 23 de ese mes con cinco empresas registradas, de las cuales sólo quedaron tres: PASA, Proterra y Setasa.
El 5 de diciembre, dos días antes de que el Congreso del Estado autorizara al Ayuntamiento de Gómez Palacio concesionar el servicio de limpieza por 15 años, el Consejo Coordinador Empresarial se manifestó en desacuerdo con el desempeño de la autoridad municipal, a quien acusó de incumplir los acuerdos establecidos cuando fue presentado el proyecto de privatización.
El 14 de diciembre, la Comisión Especial Dictaminadora (CED) del Cabildo, creada ex profeso, decidió otorgar a Proterra el título de concesión, pese a que esta empresa era la de menor experiencia en tres de los cuatro procesos que conforman el servicio integral de limpieza. Como era de esperarse, días antes de concluir 2006, PASA y Setasa interpusieron sendos recursos legales contra el fallo de la CED. Mientras tanto, la creciente ineficiencia del Departamento de Limpieza provocaba una ola de reclamos por parte de los pobladores de colonias que se llenaban de basura y por si fuera poco, los sindicalizados amenazaban con un paro total de labores.
Cuando la situación parecía no poder estar peor, la declaración de un regidor desató un escándalo en torno al dictamen de la comisión especial. El cinco de enero de 2007 el edil panista Rafael Ramos Herrera reconoció haber recibido 15 mil pesos de la empresa Proterra para favorecerla en la votación decisiva y acusó a sus compañeros de fracción Gustavo Acosta Vázquez y Antonio Castro Urbina de haber aceptado también el soborno, señalamiento que ellos negaron.
Al ?sincero? regidor le llovieron críticas y procesos en contra. Fue denunciado por difamación; el PAN inició una investigación y anunció la posibilidad de expulsarlo del partido, y el Congreso local abrió una indagatoria sobre el presunto acto de corrupción.
Pero el asunto se empeñaba en torcerse más. En medio de la polémica, el 18 de enero -fecha establecida por el contrato- Proterra inició a medias con la prestación del servicio, ya que únicamente puso en marcha el barrido manual; la razón: la empresa todavía no contaba con el equipo necesario para operar. Por otra parte, la liquidación y recontratación de los empleados municipales del Departamento de Limpieza -medida acordada para resolver el problema con el sindicato-, no se concretaba.
Así llegó el 7 de febrero y con él la orden del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de suspender el contrato de concesión, lo cual no ha sucedido aún. Y así están las cosas hoy, en una especie de limbo.
Como puede verse, difícil es encontrar proceso más lleno de tropiezos y pifias que el de la privatización del servicio de limpieza de Gómez Palacio. La falta de transparencia, seriedad y compromiso con la sociedad han sido las constantes en este procedimiento. La ciudadanía, que no se merece esto, quizá ya no sepa si reír, llorar o enojarse.
