Tras la reforma constitucional en materia de elecciones el Congreso debe acometer la legislación secundaria respectiva en el breve término de 30 días naturales, contados a partir del 14 de noviembre Estamos ya a la mitad de ese lapso y ayer se dificultaba el comienzo del proceso formal correspondiente. Estaba previsto que el dictamen de modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobado ya en comisiones, fuera presentado el martes al pleno del Senado. Apenas a las catorce horas de ayer el documento estaba listo y podría ser cumplido el aviso del comienzo de su tramitación. De modo que para ultimarla restan sólo diez días, dentro de los cuales deberán adecuarse también otras leyes, algunas de ellas en sólo detalles, pero otras, como la del sistema de medios de impugnación, que requieren una abordamiento más detenido.
Tendrán los miembros del Congreso, pues, un atareado fin del periodo de sesiones ordinarias, que coincide con el tramo en que han de legislar en materia electoral. Se dirá que el problema es sólo formal pues las fracciones parlamentarias y las reuniones en conferencia de senadores y diputados produjeron ya los acuerdos básicos necesarios, por lo que el debate en tribuna será más formal que real, salvo quizá el caso de los partidos de menor dimensión empeñados en que se les asegure la posibilidad de sobrevivir a través de coaliciones. Pero acaba de surgir un elemento inesperado (aunque no imprevisible) que pone en aprietos a los líderes parlamentarios del PRD y podría complicar la aprobación del Cofipe. Se trata de una comunicación enviada el lunes por la noche por Andrés Manuel López Obrador a los coordinadores de las bancadas perredistas, Javier González Garza y Carlos Navarrete, en que expresa su “absoluto desacuerdo con la llamada reforma electoral que se pretende aprobar en los próximos días”, pues el proyecto “en vez de contribuir a que el país retome el camino de la democracia, afianza el predominio ilegítimo del bloque conservador que nos robó la elección presidencial de 2006”.
López Obrador les advierte que “sería un acto de simulación votar a favor en lo general y hacerlo en contra en particular para seguir cubriendo las apariencias” y se opone a negociar “el nombramiento de un consejero para justificar cualquier retroceso”. Pide a Navarrete y González Garza transmitir “este punto de vista a los legisladores del PRD, para que cada quien actúe de conformidad con su conciencia, de cara a los militantes y simpatizantes de nuestro partido, y asuman su responsabilidad histórica”.
Aun si fuera certero, el llamado de López Obrador puede ser desatendido por extemporáneo, por tardío. Debió ser expuesto al comenzar la reforma constitucional, de que se desprende la legislativa que comenzó a discutirse ayer. Hoy es imposible, so pena de paralizar y esterilizar la presencia de los legisladores perredistas, que se aparten del acuerdo que condujo a las enmiendas y adiciones constitucionales de las que se siguen las que se requiere practicar a la legislación secundaria. Le falta razón a López Obrador al expresar que “nada justifica que los legisladores del PRD se presten a esta maniobra antidemocrática y menos la promuevan”. La reforma constitucional recogió propuestas procedentes de ese partido, como la muy trascendental de prohibir la contratación de propaganda electoral en radio y televisión, así como la sustitución anticipada de los integrantes del consejo general del IFE. Ninguno de esos logros, entre otros, puede ser reprochado a los perredistas ni hubiera sido posible sin compromisos entre las diversas fracciones. Si el PRD se aparta de lo convenido ahora, será imposible que en lo sucesivo pueda influir en la legislación y menos presentar y llevar adelante la que el propio López Obrador ha pedido y pedirá que se ventile en el Congreso.
Sería erróneo también que el PRD se distanciara del procedimiento para elegir a tres consejeros electorales, incluido el presidente del Ife. Debe estar presente no para conseguir el nombramiento de uno de los tres, en la presunción de que le sea favorable, sino precisamente para evitar que la selección tenga sesgos gruesamente partidarios, como los tuvo en 2003 la designación de los consejeros que ahora empiezan a irse.
El proceso de designación de esos consejeros ha sufrido tropezones. Resulta inexplicable, por ejemplo, la exclusión de candidatos inobjetables, salvo que los partidos afectados por su desempeño los hubieran vetado. Pienso en dos casos paradigmáticos, los de Eduardo Huchim y Álvaro Arreola, que fueron consejeros en los institutos electorales del DF y el Estado de México, respectivamente. Simplemente no aparecieron en la lista de 106 seleccionados, pese a que su experiencia y su obra los acredita como elegibles con ventaja. Huchim no cuenta con grado profesional, pero su experiencia como periodista y autor de una decena de libros es más que equivalente, como pide la legislación. Arreola tiene grado de maestría y también relevante obra publicada.
En el caso de Jorge Alcocer se impuso el faccionalismo. Tres personas que tenemos opiniones diferentes en una variedad de casos coincidimos en firmar la presentación de su candidatura. Jorge Carpizo, Diego Valadés y yo mismo pensamos que su “trayectoria pública, conocimientos y experiencia… lo acreditan como la persona idónea para ocupar “la presidencia del IFE. Pero los que deciden ni siquiera consideraron entrevistarlo.
