Como si el asunto previo le fuera ajeno, como si no hubiera sido parte en el proceso en que su acusación fracasó, como si hubiera decidido no apelar, la Procuraduría General de la República emitió una comunicación ayer por la mañana en calidad de vocera no de sí misma, en torno de sus funciones, sino del juez que liberó a Mario Villanueva Madrid y de la justicia norteamericana.
La suerte jurídica de Villanueva Madrid causa perplejidades. Al menos las provoca en mí. Asombra que se le exonere de delitos que necesariamente están vinculados con la conducta por la cual se le sentenció y que se practique en su favor una lenidad cuidadosamente medida. Se le condenó a seis años de prisión un mes después de que cumplió ese lapso encarcelado en el penal de alta seguridad del Altiplano. La sentencia es benévola de suyo y lo es más si se considera que su presunto corruptor, Ramón Alcides Magaña fue condenado, coincidentemente el mismo día aunque en juzgado y procesos diferentes a 47 años de prisión.
Puede conjeturarse que al proceder del modo como se ha hecho con el ex gobernador de Quintana Roo se haya buscado sobre todo cumplir un compromiso con el Gobierno de Estados Unidos. La brevedad de la condena a Villanueva Madrid y el que la hubiera ya cumplido hace posible su extradición. Pero deja maltrecha a la muy maltrecha capacidad mexicana de impartir justicia. Si privó la conveniencia de extraditarlo, ello se hizo con cargo a la frágil credibilidad del juzgador que lo dejó libre.
Una “nota informativa” sobre los motivos para hacerlo explica que “por lo que respecta a los delitos de intimidación, delincuencia organizada y contra la salud, en diversas modalidades, en la sentencia el impartidor de justicia estableció que por no acreditarse uno de sus elementos constitutivos, resultaba improcedente analizar los restantes y la plena responsabilidad y como consecuencia, decretó la absolución de los mismos en el inculpado” (el subrayado es mío). O sea que sin examinar del todo los elementos constitutivos de esos delitos el juez tercero penal en Toluca (con sede en la cárcel federal de Almoloya de Juárez) absolvió al ex gobernador.
En una cuenta bancaria en Credit Suiss, abierta (no aperturada como en lengua bárbara dice la PGR) el 23 de septiembre de 1994, Villanueva Madrid depositó un total de cuatro millones setecientos catorce mil dólares. En una diversa, una cuenta de inversión iniciada el 17 de enero de 1995, el entonces huésped principal del palacio de Gobierno de Chetumal hizo depósitos en moneda nacional, por casi 28 millones de pesos. De una u otra cuenta, o de un origen diverso, surgieron ocho millones de pesos con los que en una sucursal de Banca Serfín en Cancún, adquirió un poco más de un millón de dólares, que fue transferido a la oficina de esa misma banca en las Bahamas y depositado allí a favor de las empresas Harley Ltd y Kisin, SA, presidida por Villanueva la primera de ellas.
Establecida con precisión la responsabilidad del ex gobernador al disponer de esos recursos, notoriamente mayores que los que obtenía en su función pública, no fue posible al Ministerio Público probar ante el juez que ese dinero lo recibió de Ramón Alcides Magaña que de esa manera sufragaba la protección que permitía el trasiego de droga a Estados Unidos. Ese nexo no pudo demostrarse en México y se espera que sí lo haga una Corte en Nueva York. La propia PGR explica que la acusación norteamericana “afirma que Mario Ernesto Villanueva Madrid recibió de Ramón Alcides Magaña varios pagos y cohechos para descargar, trasladar, almacenar y proteger en Cancún los cargamentos que recibía desde Colombia la organización de Alcides Magaña, El Metro y así facilitar que el grupo delictivo –el Cártel de Juárez— trasladara la droga por varios medios hasta Reynosa, Tamaulipas y ahí apoyado en Gilberto Salinas Doria la introdujera a McAllen, Nueva York, Chicago y otros destinos dentro de Estados Unidos. Según la acusación en la Corte federal de distrito de Nueva York, con ese apoyo Ramón Alcides Magaña logró que su organización pudiera transportar cientos de toneladas de cocaína colombiana, con un valor de venta de cientos de millones de dólares...”.
Por esos delitos, anteayer mismo El Metro fue sentenciado a 30 años de prisión por delincuencia organizada y a 17 años y seis meses más por delitos contra la salud. ¿Por qué la diferencia de trato a uno y a otro, salvadas las obvias circunstancias de que se les procesó en juzgados diversos? ¿Qué privilegió que la pena del ex gobernador fuera apenas equivalente a la octava parte de la aplicada a su cómplice y corruptor? ¿Qué información espera obtener de él la justicia norteamericana o qué información teme la mexicana para que adquiriera urgencia su extradición?
La PGR dejó ir a Villanueva en 1999. En sus últimos días como gobernador, fines de marzo de aquel año, estaba ya indiciado y fue sometido a interrogatorio en su propia oficina de Chetumal, previamente a la lectura de su último informe. Con candor, o en razón de un arreglo, se convino una nueva cita para continuar su comparecencia.
Villanueva ya no asistió, ni tampoco estuvo presente en la toma de posesión de su sucesor. Por negligencia, por corrupción o por acuerdo político, Villanueva no estaba sujeto a vigilancia y pudo huir sin ser molestado. Alguno de esos mismos factores –acuerdo político, negligencia o corrupción— o una mezcla de ellos ha favorecido la lenidad de su sentencia.
