Al cabo de cinco años y tras una sucesión de desgracias y peripecias, una de las empresas del grupo Fertinal consiguió una sentencia definitiva de amparo por cuyo efecto la empresa aseguradora Ing, de matriz holandesa, deberá pagarle alrededor de una tercera parte de su reclamación inicial, 300 millones de dólares.
Intenté sin éxito conseguir copia de la sentencia o al menos una tarjeta informativa, que es el medio utilizado por los tribunales para informar sobre casos relevantes, pero no fue posible obtenerla. Los columnistas de Reforma, Alberto Aguilar y Darío Celis, difieren en el monto de la obligación de la aseguradora: 120 millones de dólares, dice el primero, 1500 millones de pesos “aproximadamente 130 millones de dólares” dice el segundo.
Dos mil uno fue un año horrible para Fabio Covarrubias, dueño de una de las súbitas fortunas que se han creado en México en los años recientes. Tenía dificultades en el Grupo Covarra, propietario de la fábrica de casimires Rivetex, en Morelos, cuando el huracán Juliette, que causó cinco muertes y derribó miles de viviendas en Baja California Sur, arrasó con la planta de Rofomex, llamada Roca fosfórica mexicana en los años en que era propiedad estatal. La destrucción de esas instalaciones, el 27 de septiembre de 2001, pronto se reflejó en la producción de la unidad de Fertinal en Lázaro Cárdenas, también propiedad de Covarrubias.
A partir de octubre una huelga en las instalaciones de ese puerto michoacano empeoró hasta el cierre de la planta años después, tras la liquidación del personal obrero a cargo de fondos públicos, que no se aplicaron a indemnizar a trabajadores de confianza que siguen luchando por que se les compense conforme a la Ley.
El Gobierno de Salinas privatizó en 1992 las empresas que antaño eran parte de Fertimex, la versión contemporánea de Guanos y fertilizantes de México que a partir de los años cuarenta promovió el uso de abonos naturales y químicos para incrementar la producción agrícola. Roca fosfórica y la planta de Lázaro Cárdenas fueron vendidas el 21 de diciembre de aquel año a Fertilizantes de Guadalajara, que ofreció 155,153 millones de pesos “de los cuales 6,580 millones correspondían” a la empresa sudbajacaliforniana, según se lee en Desincorporación de entidades paraestatales, publicado en 1994. El principal accionista de la empresa adquiriente era Alfredo Anaya Gudiño, un comerciante de Sahuayo, diputado federal a la sazón, que con el tiempo adquirió notoriedad por haber sido el candidato del PRI que perdió la gubernatura de Michoacán a manos de Lázaro Cárdenas Batel.
No logré precisar el momento y el monto por el cual Covarrubias devino propietario de esas instalaciones, presas del infortunio a partir de la negativa de la aseguradora a cubrir la cantidad reclamada por el asegurado. Mientras que éste exigía 300 millones de dólares, Ing ofreció únicamente 13 millones, diferendo que abrió la esclusa a un torrente de juicios mercantiles y penales, que ahora parece tocar a su fin, por lo menos en lo que hace a un aspecto de la cuestión.
La aseguradora, originalmente llamada América, que había pasado por las manos de varios bancos, estaba al comienzo de este siglo en poder de Pulsar, una de las empresas de Alfonso Romo, que fue vendida al grupo holandés, muy poderoso en su ramo, en 791 millones de dólares. Actualmente sus operaciones en México, donde emplea a siete mil personas, alcanzan a siete millones de clientes.
Una buena parte de esa clientela vio alterada su relación con la aseguradora, así fuera por breve tiempo, porque en julio de 2005 las cuentas de Ing, hasta por 300 millones de dólares fueron congeladas por una decisión judicial, en busca de garantizar el pago reclamado. Aunque a la postre se eliminó esa traba judicial, el mal momento fue semejante al que en el ámbito penal padeció la aseguradora cuando fueron expedidas 21 órdenes de aprehensión contra ejecutivos acusados de fraude por Covarrubias.
La firma holandesa consiguió que al final se exonerara a los acusados, ante los cuales tuvo una posición ambigua, pues si bien los dotó de apoyo jurídico pretendió también orientar hacia ellos, como si hubieran actuado deslealmente, las responsabilidades derivadas del contrato de seguro no respetado.
El trasiego judicial llevó el caso a tribunales de varias entidades, incluido un juzgado de Xochitepec, Morelos (de donde salió la orden de congelar los fondos de Ing). Se aproximó al final en julio de 2005, cuando un juzgado civil de la Ciudad de México condenó a la aseguradora al pago de la cantidad reclamada. En segunda instancia, una sala de Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal mantuvo el sentido de la sentencia, pero redujo su monto a 94 millones de dólares. Ambas partes acudieron al juicio de amparo. Un juez federal revocó la sentencia del Tribunal capitalino, por lo que Ing pidió la revisión y aun solicitó que la Suprema Corte de Justicia se hiciera cargo del caso, dada su relevancia para la economía del país, pues la firma llegó a amenazar con irse de México ante las resoluciones judiciales adversas. El Tribunal constitucional no recibió el expediente y dispuso que lo resolviera el primer Tribunal colegiado en materia civil, que de nuevo falló a favor de Fertinal.
La buena noticia que eso significaría se diluye en el mar de complicaciones de esa empresa, sujeta a concurso mercantil desde diciembre pasado porque lo requirieron sus acreedores nacionales y extranjeros.
