Antes de que concluyera la Administración foxista, la Procuraduría General de la República (PGR) resolvió que los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún no son responsables de ningún delito, por lo que se determinó el no-ejercicio de la acción penal en la averiguación previa que inició la dependencia en abril de 2006, ante supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras y servicios a favor de sus empresas. Enrique Ostos, abogado de los hijos de
Martha Sahagún, reveló que desde finales de noviembre de 2006 y después de siete meses de investigaciones, el Ministerio Público de la Federación notificó a sus clientes que no se encontraron evidencias de su probable responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y fraude, que se les imputaron.
El expediente AP/59/UEIDCSPAJ/2006 que integró la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, fue cerrado al determinarse que no había delitos que perseguir.
En entrevista, el abogado indicó que la decisión de la PGR se sustentó en el hecho de que los Bribiesca “acreditaron que ellos no son socios, nunca fueron socios de la empresa Construcciones Prácticas”, que es la que supuestamente resultó beneficiada con la adjudicación irregular de contratos.
Además, detalló que durante la investigación, después de que sus clientes fueron interrogados en mayo de 2006, la PGR “solicitó la opinión de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación y del IPAB y éstas concluyeron de manera categórica que no existió ninguna irregularidad en las licitaciones que organizó el IPAB respecto a bienes inmuebles subastados”, por lo que el caso se cerró.
IRREGULARIDADES
Este es el resultado de la denuncia que presentaron el 3 de abril de 2006, los legisladores que integraron la comisión investigadora que detectó las presuntas irregularidades, encabezada por Jesús González Schmal.
La denuncia se presentó también en contra del empresario Miguel Khoury Siman; del secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Mario Beauregard, así como de todos los socios de la empresa Construcciones Prácticas, a quienes también se les deslindó de responsabilidad.
No obstante los legisladores acusaron que durante la Administración foxista las empresas Construcciones Prácticas, Urbanizaciones Inteligentes, Grupo Kilate, Super Blocks, relacionadas con los hijos de Marta Sahagún, resultaron beneficiadas a través de supuestas adjudicaciones irregulares, créditos y servicios, pero estos hechos no se acreditaron.
En la denuncia se detalló en su momento que el IPAB realizó el primero de abril de 2004 la subasta pública de un predio rústico conocido como “Los Pirules” o “El Calvario”, ubicado en Celaya, Guanajuato, que formaba parte de un paquete de cartera vencida que el Instituto recibió de Bancrecer.
Aunque la subasta la ganó la empresa Construcciones Prácticas, el IPAB aceptó un cheque certificado de una cuenta maestra del banco HSBC, a nombre de Jorge Alberto Bribiesca, por un monto de un millón 303 mil 686 pesos, por concepto de prepago del 30% del valor total de la subasta, es decir, antes de haberse celebrado la adjudicación a favor de la empresa. No obstante, la PGR no encontró elementos que presumieran la comisión de un delito y se decretó el no-ejercicio de la acción penal.
