Activistas de Amnistía Internacional representaron ayer en la plaza Francia, en Lima (Perú), los métodos de aplicación de la pena de muerte: por ahorcamiento, fusilamiento, lapidación, inyección letal, silla eléctrica, entre otros. (EFE)
Realizan ejecuciones 25 países en 2006.
Con motivo del Día Internacional contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional (AI) hizo ayer un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que apoyaran una resolución en la ONU a favor de una moratoria global sobre las ejecuciones, que se presentará en el actual periodo de sesiones en la Asamblea General.
“Hay un impulso real hacia la abolición de la pena capital”, aseguró la secretaria general de la organización, Irene Khan, en un comunicado colgado ayer por Amnistía en su página Web.
Khan recordó que 133 Estados miembros de la ONU, de todas las regiones del mundo, han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica y que sólo 25 países llevaron a cabo ejecuciones en 2006, el 91 por ciento se registró en seis países: China, Irán, Irak, Pakistán, Sudán y EU.
“Aquellos que eligen el castigo más cruel, inhumano y degradante son cada vez más minoritarios”, añadió la secretaria general de AI, que insistió en que los gobiernos “deben apoyar” esa resolución de la Organización de las Naciones Unidas y “dar un paso importante hacia un mundo sin ejecuciones”.
La ONU tiene previsto pronunciarse sobre esa moratoria el 8 de noviembre, dijo una portavoz de la organización.
Según los datos de los que dispone Amnistía, el número de ejecuciones cayó en más de un 25 por ciento en 2006, cuando se aplicaron al menos mil 591 penas de muerte en 25 países frente a las 2 mil 148 ejecuciones llevadas a cabo en 2005.
Al menos 3 mil 861 personas fueron sentenciadas a muerte en 55 países el año pasado, según la organización.
Amnistía destaca que Europa es, con la excepción de Bielorrusia, una zona en la que no se aplica la pena de muerte y recuerda que los españoles Pablo Ibar y Nabil Manakli, este último de origen sirio, siguen en el corredor de la muerte en EU y Yemen, respectivamente.
La organización lamentó en su comunicado que Estados Unidos se mantenga como el único país de América que ha llevado a cabo ejecuciones desde el año 2003, aunque apuntó que EU “está poniéndose lentamente en contra” de la pena capital.
En ese sentido, destacó que las 53 penas de muerte aplicadas en 2006 representan la cantidad anual más baja durante una década y que las ejecuciones continúan cayendo desde su punto más alto a mediados de los años noventa.
En cuanto al sudeste asiático, Amnistía destacó la abolición de la pena capital en Filipinas en 2006, así como “algunos progresos” registrados para reducir la pena de muerte en China, el país donde se llevaron a cabo en 2006 el 91 por ciento de todas las ejecuciones de las que se tuvo noticia.
En África, sólo hubo ejecuciones en seis en 2006, mientras que en Asia Central se están dando “claros” pasos hacia la abolición de la pena de muerte, según la organización.
AI, que hace campaña a favor de la abolición total de ese castigo máximo, subrayó también el “creciente debate” a favor del fin de esta práctica en Marruecos, Argelia y Túnez.
Analizan caso de mexicano sentenciado a muerte
José Ernesto Medellín y el Gobierno estadounidense pidieron a la Corte Suprema que exija a Texas el cumplimiento del fallo de un Tribunal internacional que en el año 2004 ordenó la revisión de los casos de 51 mexicanos sentenciados a muerte al resolver que Estados Unidos violó el derecho a la protección consultar prevista en la Convención de Viena de 1963.
El caso de Medellín, uno de los 51, implica una combinación de posiciones. Por un lado, el Gobierno del presidente George W. Bush que solicitó el acatamiento de los fallos internacionales como estipula la Constitución. Por el otro, las autoridades de Texas que invalidaron el planteamiento presidencial.
La Corte Suprema se dispone a escuchar desde ayer la presentación de los argumentos iniciales de las partes para decidir si Estados Unidos está obligado a obedecer el fallo de la Corte Internacional de Justicia y si procede la solicitud presidencial de que las cortes estatales revisen sus respectivos casos de los 51 mexicanos que no habrían tenido el derecho a la protección consular.
Medellín fue encontrado culpable de la muerte en 1993 de dos chicas adolescentes. Cuando fue detenido, la Policía le dijo que tenía derecho a permanecer callado y a contar con un abogado, pero no le comunicó que podía solicitar la asistencia del Consulado mexicano.
En octubre de 1994 fue condenado a muerte por asesinato en un ataque sexual, delito que conlleva la pena capital en Texas. Medellín, quien habla, lee y escribe en inglés, había entregado una confesión por escrito.
