Saltillo, Coah.- No existe ningún motivo legal para evitar que el ex gobernador Enrique Martínez y el ex secretario de Obras Públicas, Jorge Viesca, sean acusados penalmente de la construcción defectuosa del Distribuidor Vial Revolución (DVR), consideró el alcalde de Torreón, José Ángel Pérez, quien acusó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) de haber realizado una investigación “más política que legal”.
Se extrañó que en la lista de responsables que a su juicio deben ser castigados con cárcel, no aparezcan tampoco los nombres de los propietarios de Acolsa, empresa que estuvo a cargo de la construcción del citado complejo vial que deberá ser demolido por las fallas estructurales que tiene.
Lamentó que la PGJE sólo haya solicitado acción penal en contra “de un funcionario de tercer nivel”, Manuel Gómez Parra, ex director de Caminos, quien aparece “como chivo expiatorio para no castigar a otros funcionarios de primer nivel que también son responsables, como el ex gobernador y el ex secretario” de Obras Públicas, dijo el alcalde torreonense.
Pérez Hernández señaló que la investigación de la PGJEC “quedó corta y parece estar más influenciada por cuestiones políticas que legales”. Tampoco está de acuerdo en que el DVR se vaya a demoler antes de que se deslinden las responsabilidades del caso.
El edil señaló que si la estructura se derrumba antes del deslinde de responsabilidades “el caso quedará cerrado y no habrá prueba en firme para llegar a los verdaderos responsables”.
Al respecto, el titular de la PGJE, Jesús Torres Charles, dijo no conocer la postura del presiente municipal en torno al caso, pero consideró que si tiene pruebas que pudieran llevar a encontrar responsabilidad penal en personas claves de la anterior administración estatal, las puede aportar ante el juez que sigue el caso.
En este sentido, José Ángel Pérez anticipó que buscará en breve entrevistarse con el gobernador Humberto Moreira, a fin de manifestarle “la inquietud que tenemos los habitantes de Torreón, quienes no estamos conformes con la investigación y que no estamos de acuerdo a que sólo se castigue a un funcionario de tercer nivel”.
