Reitera el consejo su ‘enérgica condena al terrorismo en todas sus formas’.
El Consejo Permanente de la OEA exhortó ayer a todos sus Estados miembros a “enjuiciar, y en su caso, extraditar, de conformidad con su legislación interna” a los terroristas, en alusión al caso del anti-castrista Luis Posada Carriles.
Durante una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió ayer una “Declaración sobre el Fortalecimiento de la Cooperación en la Lucha contra el Terrorismo y la Impunidad de sus Perpetradores”, en respuesta a una propuesta presentada inicialmente por Venezuela.
En la sesión el presidente del Consejo Permanente de la OEA, el venezolano Jorge Valero, agradeció los buenos oficios del secretario general de la organización, José Miguel Insulza, y del representante permanente de República Dominicana, Roberto Álvarez, para obtener una amplio consenso en la formulación y aprobación de la mencionada Declaración.
En una conferencia de prensa, Valero explicó que con dicho documento aprobado hoy, la OEA se reafirma en sus principios políticos y éticos.
Además, Valero subrayó que el documento fue aprobado por “unanimidad” por los 34 países de la OEA.
En el documento aprobado, el Consejo Permanente exhorta a todos los Estados miembros “a enjuiciar y, en su caso, extraditar, de conformidad con su legislación interna y los tratados y convenciones relevantes, a toda persona que participe en la planificación, preparación, comisión, financiación de actos de terrorismo, y cuando corresponda en la tentativa de dichos delitos”.
En este sentido, Valero explicó que la extradición es una “herramienta esencial” en la lucha contra el terrorismo y que su Gobierno “continuará insistiendo” ante Estados Unidos en su solicitud de extradición.
A su vez, el documento de la OEA expresa su “enérgica condena al terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, cualquiera sea su origen o motivación, por ser criminal e injustificable”.
Además, apunta a su condena por constituir “una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales y porque socava los esfuerzos en curso para promover la estabilidad, prosperidad y equidad en los países del Hemisferio”.
También establece que los países deben “cooperar, de acuerdo con su legislación interna, para que los Estados miembros puedan llevar también a la justicia a los responsables de actos de terrorismo cometidos en su territorio o contra sus ciudadanos”.
