SALTILLO, COAH.- La Procuraduría General de Justicia en el Estado apeló el resultado de la sentencia que el juez penal de Monclova, Hiradier Huerta Rodríguez, aplicó en el caso de los militares acusados de violar a 13 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños.
El agente del Ministerio Público asignado al Juzgado Segundo Penal de primera instancia, Roberto Clemente Hernández, señaló que al apelar la resolución inicial, la intención de la Procuraduría es que el Tribunal Superior de Justicia del Estado revoque la absolución de cuatro militares e incremente las penalidades en contra de los otros cuatro que fueron encontrados culpables.
Consideró que durante el proceso penal el Ministerio Público aprobó las pruebas suficientes para comprobar la responsabilidad de los ocho miembros del Ejército Mexicano involucrados en el caso. Dijo que en el caso de los militares condenados por el juez Huerta Rodríguez, la Procuraduría confiaba en que los castigos serían “mucho más drásticos”.
Citó el caso de Omar Alejandro Rangel Fuentes, condenado a 41 años de prisión. “Nosotros esperábamos que la sentencia fuera de al menos 63 años de prisión”, anotó. Recordó que Rangel Fuentes “enfrentó cuatro procesos distintos por violación y obtuvo finalmente tres sentencias condenatorias y en otro fue absuelto”.
De acuerdo con el Código Penal vigente en Coahuila, el delito de violación calificada por el que los militares fueron sentenciados, se castiga con pena de cárcel que va de los 14 a los 21 años.
Al respecto, el fiscal mencionó que en base a una simple operación aritmética la sentencia en contra de Rangel Fuentes habría superado los 60 años de cárcel. “Si multiplicamos 21 años (penalidad máxima en violación) por tres sentencias de violación calificada, arroja un saldo de 63 años en prisión, no de 41 años, como finalmente se le sentenció”, dijo.
Al respecto, el procurador Jesús Torres Charles aseguró que incluso cuando algunas de las víctimas se retractaron en las denuncias contra los militares, “hay otros elementos probatorios que permitirían condenar por lo menos a alguno de los militares más”.
A su juicio, el grado de peligrosidad de los militares con sentencia condenatoria es mayor al nivel de la condena que recibieron. “Creo que todavía la penalidad sería mayor y es lo que vamos a ahondar para ver si se corrige la medición de la pena y se pone la que nosotros consideramos es mayor”, anotó.
