El gobernador Ulises Ruiz pidió ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que también investigue las violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
“Que no sólo se investiguen a servidores públicos, sino a grupos sociales, a otras expresiones que también hay la presunción de que violentaron los derechos de los oaxaqueños”, dijo.
El mandatario estatal adelantó que en caso de que haya funcionarios responsables de los hechos violentos suscitados en 2006 serán sancionados conforme a la Ley.
Ruiz también reconoció que para su Gobierno hay asuntos pendientes del pliego petitorio de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
“Prácticamente con lo que tiene que ver con recursos federales ya hay una respuesta positiva para el magisterio oaxaqueño, el mismo secretario general de la Sección (22) comentaba que sólo son algunos asuntos de tipo político, tenemos la disposición de construir los esfuerzos”, expuso.
El gobernador sostuvo que con el plantón de la APPO y los maestros de la Sección 22 en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca no se reactiva el conflicto.
Por su parte, la Sección 22 del SNTE de Oaxaca pidió ayer a la Secretaría de Gobernación (Segob) que continúen las mesas de negociaciones porque no han respondido a cabalidad a sus demandas.
El martes, Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, aseguró que de su parte estaban concluidas las negociaciones y que ahora la responsabilidad era del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
“Pedimos la reinstalación de la mesa de trabajo, no cerramos la mesa de negociación”, replicó ayer miércoles José Antonio Hernández, miembro de la Comisión Política de la Sección 22, quien ayer pro la tarde entregó formalmente el rechazo a las propuestas de Gobernación, por parte de la asamblea magisterial el pasado fin de semana.
