El Siglo de Torreón
SALTILLO, Coah.- El Congreso del Estado exhortó a la Procuraduría General de Justicia para que investigue una serie de prácticas de hostigamiento por parte de un despacho jurídico contratado por Fonacot, para perseguir a beneficiarios que incluso ya cubrieron sus adeudos.
Los legisladores locales advirtieron a la Procuraduría la posibilidad de que el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores pretenda cometer fraude al aplicar cobros indebidos a los derechohabientes.
La diputada panista Silvia Guadalupe Garza Galván, consideró que con estas medidas el Fonacot incumple el objetivo por el cual fue creado hace más de 30 años, que es el de extender ?crédito barato? a los trabajadores.
?Desde hace días nos hemos enterado acerca de que despachos de abogados están enviando oficios o escritos de notificación de embargo a docenas de personas en diversas ciudades. Estos documentos amenazan con embargarles sus bienes si no pagan los supuestos adeudos que tienen con Fonacot e incluso agregan en su escrito que se puede llegar al arresto o a incautarles su patrimonio.
?Ejecutan acciones de verdadero terror psicológico, ya que las víctimas de estos cobros suelen desconocer sus derechos legales y lo que la Ley realmente dice respecto a las deudas de carácter civil, creen en las palabras intimidantes de estos sujetos, llegando muchos de ellos a realizar acciones desesperadas y extremas para obtener dinero y finiquitar el cobro?, relató la diputada.
?Lo malo, lo triste, lo asqueante, añadió, es que se trata de deudas que en muchos casos no existen, pues fueron pagadas en su momento y en otros casos se trata de pagarés o créditos que ya prescribieron conforme a pleno derecho y por tanto ya no pueden cobrarse?.
Aseguró que con esto tanto el Fonacot como sus abogados ?están atropellando derechos y garantías individuales de los afectados?, puesto que la Constitución señala que ?nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho?.