La representante del Alto Comisionado de la ONU en México, Liliana Valiña, pidió al Senado que las reformas a la Ley de Radio y Televisión "impidan la concentración de los medios de comunicación en unas cuantas manos".
Al reunirse con el Grupo Plural de senadores que analiza modificaciones a esa legislación dijo que también se debe garantizar el acceso de los pueblos indígenas a los medios electrónicos.
Sugirió a los legisladores que dichas reformas incluyan además mecanismos para evitar que el Estado viole la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los mexicanos.
Valiña solicitó que se contemplen normas para que el Estado "se abstenga de violar la libertad de expresión a través de la censura previa o del control de la información que difundan los medios".
También demandó al grupo que preside el senador Alejandro Zapata, del Partido Acción Nacional (PAN), que los medios comunitarios estén abiertos a todos los ciudadanos sin distinción y tengan alternativas de financiamiento sin perder su función.
En la reunión Valiña reconoció que la regulación a los medios de comunicación implica ciertas restricciones a los mismos, pero lo básico es que no se afecte el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Afirmó que el Alto Comisionado de la ONU en México trabaja con los legisladores en la propuesta de reformas a la legislación señalada, aunque aclaró que el organismo "sólo acompaña el proceso" y no es actor del mismo.
A su vez el legislador Zapata Perogordo indicó que si bien urgen las reformas en la materia "hace falta más trabajo del gobierno federal en el rubro de Radio, Televisión y Telecomunicaciones" para tener un avance efectivo.
Por su parte el senador Carlos Sotelo dijo que las reformas impulsarán la construcción de un marco jurídico que garantice la libertad de expresión, como señalan los instrumentos internacionales suscritos por México.
Sin embargo el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió que el gobierno federal tiene que encargarse de vigilar el cumplimiento de los nuevos instrumentos normativos que surjan de las reformas.
