Presentan cinco estados quejas contra el Gobierno de EU por el programa de escuchas telefónicas.
El Gobierno estadounidense le pidió a un Tribunal federal que desestimara una serie de demandas por el programa de escuchas telefónicas practicadas sin autorización judicial.
Cinco estados han presentado demandas contra compañías de telecomunicaciones, acusándolas de violar el derecho a la privacidad al entregarle al Gobierno datos sobre sus subscriptores, como parte de la Ley de intercepción de comunicaciones aprobada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Los abogados de los estados -Nueva Jersey, Vermont, Maine, Missouri y Connecticut- sostienen que están presentando las demandas en nombre de sus ciudadanos, cuyos derechos habrían sido violados si los registros de sus llamadas telefónicas fueron divulgados sin su consentimiento.
Los abogados del Departamento de Justicia, sin embargo, afirman que entregar esos registros sería peligroso para la seguridad nacional.
“Es obvio que lo que quieren es que se publiquen detalles sobre la recolección de datos practicada por la Agencia de Seguridad Nacional”, dijo el subsecretario de Justicia Carl Nichols al juez Vaughn Walker.
Nichols argumenta además que las Leyes de protección a la privacidad vigentes en los estados contradicen las Leyes de seguridad nacional, que deben tener prioridad.
Pero el fiscal por el estado de Nueva Jersey, Patrick DeAlmeida, argumenta que sólo tratan de determinar si las compañías de telecomunicaciones violaron las normas de privacidad o las normas empresariales. Dijo que los argumentos de seguridad nacional esgrimidos por el Gobierno son demasiado amplios y difusos.
“Están recurriendo a un Tribunal federal para impedirle a las autoridades estatales siquiera iniciar las investigaciones”, denunció DeAlmeida. “Quieren escudar al Gobierno Federal de toda investigación a nivel estatal valiéndose del argumento de seguridad nacional”.
Entre las empresas que están siendo demandadas figuran Verizon, AT&T Inc. y Sprint Nextel Corp.
Piden a Ejército chileno desclasificar documentos de dictadura
El Partido Socialista chileno (PS) pidió ayer al jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, que entregue todos los documentos que esa rama castrense mantiene en su poder, que permitan esclarecer crímenes ejecutados por militares durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Así lo demandó ayer, en rueda de prensa, su presidente, Camilo Escalona, después de conocerse este viernes un documento “secreto”, en el que se detallan labores de espionaje de un capitán del ejército sobre las actividades del general Carlos Prats, asesinado en Buenos Aires en marzo de 1974, por agentes de la dictadura.
El documento, cuya difusión ha causado revuelo, fue entregado por el ex brigadier Pedro Espinoza, al juez Alejandro Solís, que investiga el asesinato del ex jefe del Ejército y su esposa, Sofía Cuthbert, que murieron al estallar una bomba colocada en su automóvil.
La justicia argentina determinó que el atentado fue perpetrado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) , el aparato represivo del fallecido dictador Augusto Pinochet.
El documento, que aparece después de más de 30 años, estuvo guardado en la dirección de Inteligencia del ejército hasta el año 2004, según explicó al magistrado el ex brigadier Espinoza, que fue uno de los jefes de la DINA.
