Colegio de Notarios solicitará al Gobierno Estatal investigar 'más atrás'.
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- El Colegio de Notarios Públicos de La Laguna solicitará a las autoridades estatales la ampliación de la auditoría que se realiza al Registro Público de la Propiedad en Torreón, ya que consideran muy graves las anomalías encontradas a la fecha en la investigación realizada.
Fernando Antonio Cárdenas González, presidente del Colegio de Notarios Públicos de la Laguna, señaló que se debe ir más atrás en las investigaciones que se realizan, además de que exigirán al Estado que no haya impunidad al respecto y que se aplique todo el rigor de la Ley a quienes resulten responsables.
“El Colegio de Notarios el año anterior solicitó al secretario de Gobierno que se practicara una auditoría al Registro Público por las irregularidades que había y que era de todos conocido, era una voz popular”, expuso, “se practicaron las mismas y bueno, hay responsables, lo que nosotros queremos es que no haya impunidad, que no quede en otro caso en donde, con el tiempo se van olvidando las cosas, sino que se fomente la Ley y el Estado de Derecho y la manera de hacerlo es que no haya impunidad al respecto”.
Cárdenas González calificó las irregularidades detectadas a la fecha como muy graves y expuso que cualquier daño al patrimonio de una persona es considerable y debe atenderse cuanto antes. Entre los delitos encontrados en la auditoría al Registro hay peculado, tráfico de influencias, falsificación de documentos y uso indebido de funciones públicas.
“Si hay que sacar una investigación más a fondo y si se tiene la certeza de que hay irregularidades, sería muy sano ampliar esa auditoría años atrás y deslindar responsabilidades al respecto”, comentó, “vale la pena ampliar esa auditoría y deslindar responsabilidades, no podría precisar el tiempo pero sí se puede hacer un muestreo y dependiendo de los resultados del mismo, se pudiera ampliar”.
El presidente del Colegio de Notarios de la Laguna señaló que el Registro Público ha mejorado en su servicio en la última administración, pero indicó que aún falta mucho por hacer, pues durante años esta dependencia estatal sólo se utilizó como promotora política.
“Hay un esfuerzo por mejorar el registro pero también es importante decirlo, que falta mucho por hacer y además está arrastrando una inercia de una oficina que se descuidó por años y que se vio, más que una oficina de seguridad jurídica, se vio como de promoción política”, expuso.
“Tenemos noticias de que el registro se va a cambiar en sus instalaciones en próximas fechas porque donde están son instalaciones obsoletas que no responden a una oficina digna de la ciudad, porque a final de cuentas es un servicio público”, agregó Cárdenas González.
AVERIGUACIÓN
Como se informó en su oportunidad, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJE) inició una averiguación para fincar responsabilidades penales por un fraude detectado en la oficina del Registro Público de la Propiedad en Torreón por más de 25 millones de pesos, que incluye delitos como peculado, tráfico de influencias, falsificación de documentos y uso indebido de funciones públicas.
Entre los resultados de la investigación se encontraron irregularidades cometidas en 2005 en perjuicio de instituciones bancarias, pues desde las oficinas de la dependencia estatal se cancelaron embargos e hipotecas aplicados a particulares.
La PGJE no especificó los nombres de las personas que serán demandados, ni a quiénes se les fincarán responsabilidades. Sin embargo, la Administración de José Luis Dovalina Romero al frente del Registro Público de la Propiedad de Torreón en 2005, recibirá sanciones administrativas por parte de la Secretaría de la Función Pública.
Además, existen al menos 25 denuncias interpuestas por particulares ante la PGJE, por fraudes cometidos en su perjuicio, por parte de la dependencia estatal, en varios trámites realizados en ese año, como cancelación de hipotecas. Entre otras irregularidades detectadas están registros de hipotecas borrados, por un monto de 13.6 millones de pesos y embargos de inmuebles cancelados por 4.3 millones de pesos.
