La Cámara de Senadores pidió a las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación y de la Función Pública que erradiquen la introducción de teléfonos celulares en cárceles, para prevenir y acabar con los fraudes o extorsiones telefónicas.
En la sesión de este día, el pleno senatorial afirmó que el sistema penitenciario enfrenta problemas estructurales y funcionales serios, por lo que urge su modernización integral.
Precisó que ello se debe a la falta de vigilancia para detectar o eliminar mecanismos mediante los cuales los criminales recluidos continúan operando desde el interior de los Centros de Readaptación Social del país.
El Senado de la República detalló que existen 240 bandas de extorsionadores que operan desde diversas prisiones y que en los últimos seis años las ganancias por los fraudes telefónicos rebasan los 186 millones de pesos.
Sostuvo que la extorsión bajo amenazas de secuestro o de muerte y los fraudes telefónicos son una práctica cotidiana en las cárceles, por lo que urgen medidas de control para erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros.
También el órgano legislativo ratificó, por unanimidad, el nombramiento de Carlos Mena Adame como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Senadores de todas las fracciones afirmaron que Mena Adame, propuesto por el presidente Felipe Calderón, cumple con los requisitos que marca la ley para ocupar el cargo.
