El Congreso de la Unión intensificó las negociaciones a fin de concretar el 29 de agosto un anteproyecto de reforma electoral que, entre otras cosas, endurecería la fiscalización a partidos, regularía las precampañas, reduciría la duración de campañas y contemplaría la anulación de la elección presidencial por el rebase del tope de gastos.
Además buscaría una reorganización de las actividades del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, detallaría el proceso de selección de consejeros electorales y su sustitución, así como el recuento de una elección.
Todos los partidos representados en las Cámaras acordaron el viernes mantener el diálogo y la negociación para, a partir de un documento de trabajo -lograr consensos para tener un anteproyecto de reforma antes del Informe presidencial.
Sin embargo, el consejero para la Reforma del Estado y coordinador para la Reforma del Estado del Frente Amplio Progresista, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió que trabajar a partir de este documento sería un albazo que, dijo, podría abortar la consolidación de un nuevo andamiaje legal para el país.
"No sé que prisa tienen, todo está en torno al 1 de septiembre, es un tanto bajar la guardia por un caramelo... ninguna de las reformas electorales se ha hecho a prisa... esto no puede resolverse en una esquina, menos en la sobra, es un proceso público establecido por la ley", acotó.
El documento de trabajo sobre el que trabajan los legisladores fue elaborado por el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, que encabeza Jorge Alcocer y parte de las propuestas de los partidos, ponencias recibidas por el Senado, iniciativas pendientes de dictaminar en el Congreso y la del Comité Conciudadano de Reforma Electoral.
Muñoz Ledo indicó que había un acuerdo de los consejeros con Diego Valadés y Jorge Alcocer para que cada ponencia primero fuera discutida entre ellos y que la relacionada con la reforma electoral la verían el próximo martes. Los trabajos que se realicen en los próximos días serán llevados al pleno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdo del Congreso donde eventualmente se concluiría el proyecto que se llevaría a las cámaras.
"Pero creo que se trata de presentar una reforma electoral ficticia y minimalista que pudiera resolver problemas de algunos sectores, por el lado del PAN ofrecer una concesión para suavizar el 1 de septiembre, por ciertos sectores del PRI no enfrentarse a esta situación (al quedar en medio del informe) y obtener alguna victoria", dijo.
Puso en duda la decisión de presentar este documento. Dijo que, pese a tener comentarios técnicos interesantes, es mejor "sin acuerdos que con un mal acuerdo".
El documento de Alcocer está dividido en cuatro grandes ejes.
En materia de precampañas se propone que sean reconocidas en la ley electoral, que se celebren simultáneamente, con tope de gastos y tope rendición de cuentas. El Tribunal Electoral desahogaría las controversias internas.
Se sugiere que los precandidatos no puedan contratar espacios en prensa, radio y televisión y en caso de hacerlo será con las prerrogativas de los partidos. La precampaña presidencial durará un máximo de 60 días iniciando el 15 de diciembre del no previo a la elección.
En el apartado de campañas se sugiere que la presidencial dure 90 días y las de diputados y senadores 45 días. En acceso a medios electrónicos de comunicación se sugieren dos modelos:
Uno que implica fiscalización inmediata a las contrataciones y pagos, que los concesionarios informen a la autoridad electoral de los convenios y que el IFE sea quien realicen contrataciones y otro donde establecen modalidades mixtas o regulaciones basadas en el uso de tiempo públicos.
Propone reducir 50% el financiamiento público a las campañas en la elección general federal y 70% en elecciones intermedias.
Sobre el IFE se propone suprimir las comisiones permanentes para que el Consejo General cree comisiones con objetivos, tareas y plazos específicos. Que el organismo tenga una contraloría general cuyo titular sea electo por mayoría calificada de la Cámara de Diputados y mantendrá coordinación con la Auditoría Superior de la Federación.
Establecer en la ley el procedimiento de sanciones para los consejeros electorales conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Además de que los consejeros sean sustituidos escalonadamente, tengan un periodo de ejercicio de nueve años y que no puedan reelegirse.
En materia de revisión de gastos de los partidos, que los consejeros ya no intervengan directamente sino que sea a través de un órgano técnico que será designado por el Consejo General del organismo, no habría secreto bancario. Los partidos presentarán cuatro informes de sus ejercicios de gastos y uno adicional de situación patrimonial.
En materia de justicia electoral se propone que los magistrados del Tribunal Electoral duren nueve años en el cargo, que las cinco salas regionales funcionen permanentemente atiendan diversos asuntos de ámbitos municipales y estatales.
Haya recuento de votos en una casilla, además de lo ya establecido en la ley, cuando la diferencia entre el primero y el segundo sea de 1%, que los votos nulos sean mayor a la diferencia entre el ganador y el segundo lugar, cuando todos los votos sean a favor de un candidato.
Que se contemple la anulación de la elección presidencial cuando no se instalen 25% de las casillas, se anulen 25% de las casillas, cuando el ganador haya violado el tope de gastos de campaña o cuando el ganador sea inelegible.
