La fracción del PVEM en la Cámara de Diputados urgió al Senado a aprobar las reformas a la Ley General de Salud que permiten la reutilización de ataúdes, ya que actualmente esta práctica se realiza sin controles sanitarios y con alto grado de riesgo de contagio.
La reforma aprobada hace más de 18 meses por la Cámara de Diputados fue turnada al Senado donde se encuentra "congelada", mientras que la Secretaría de Salud no regula esta actividad lo cual ha provocado un gran negocio en el llamado "alquiler" de ataúdes.
El diputado federal del PVEM Francisco Elizondo Garrido dijo que la reforma permite la utilización de ataúdes en casos en que los cadáveres hayan sido incinerados, siempre y cuando medie permiso de la autoridad sanitaria.
La adición de un Artículo 348 Bis a la citada ley permitiría terminar con el mercado negro y evitar la proliferación de focos infecciosos que pudieran ser generados por ataúdes usados por personas fallecidas a consecuencia de enfermedades infecto-contagiosas.
Sin las medidas adecuadas, señala el dictamen, se corre el riesgo de que, en caso de muerte por este tipo de enfermedades, el virus permanezca en los ataúdes, que al ser reciclados o reutilizados pueden exponer a infecciones a quienes los adquieren o están en contacto con ellos.
"Sin embargo, actualmente por la indecisión del Senado y por la pasividad de la Secretaría de Salud hay un mercado negro con graves riesgos sanitarios, donde se engaña a los deudos y se lucra con el dolor", dijo Elizondo Garrido en entrevista en San Lázaro.
Lo que hacen estas agencias, en especial las funerarias denominadas "cajoneras", que se aprovechan de la vulnerabilidad de las familias, es que consiguen convencerlas de que donen sus ataúdes a la agencia para más adelante venderlos a otros deudos.
El legislador del PVEM expuso que quienes prestan servicios funerarios generalmente incurren en esta actividad a fin de bajar los costos que implican los llamados funerales tradicionales, que incluyen ataúd, velatorio y traslado, para obtener mayor beneficio económico, sin importarles el impacto sanitario.
Este problema es cada vez más recurrente debido a la situación económica de muchos mexicanos, que en la mayoría de los casos no tienen previsto los gastos que provoca la muerte de algún familiar, además de que son quienes mayores dificultades enfrentan en caso de adquirir alguna infección ocasionada por la reutilización de ataúdes.
En la actualidad no hay ninguna ley que evite el mercado negro de ataúdes, lo único que establece la Ley General de Salud es que las autoridades sanitarias serán las encargadas de ejercer control sobre quienes se dediquen a la prestación de servicios funerarios, sin estipular ninguna restricción y sanción para tales acontecimientos.
En países como España, Colombia, Perú, Argentina o Uruguay la legislación regula el manejo de cuerpos de las personas fallecidas por enfermedades infecto-contagiosas, así como el material de los féretros que deben utilizarse para dichos decesos.
