Confieso que no he leído el acuerdo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la resolución de la suspensión de las obras que de manera conjunta realizan los gobiernos estatal y municipal en Torreón, así que esta opinión está fundada solamente por las informaciones publicadas en los medios de comunicación, por lo que difícilmente cualquier aserto sobre la situación jurídica que marca la controversia, gozará de un sustento jurídico sólido.
Aun así, parece conveniente platicar con lenguaje común y apartarse de terminajos jurídicos qué es una controversia constitucional y para qué está creada.
La controversia constitucional es el recurso que el constituyente de 1917 insertó en la Carta Magna para que los diferentes órdenes de gobierno pudieran defenderse de una intromisión de algún otro poder sobre su propia jurisdicción. Así pues en las controversias constitucionales pueden ser las legislaturas federales y locales, los ejecutivos de los estados y el federal y la asamblea legislativa o el jefe de gobierno municipal, quienes pueden acudir a este medio, sin olvidar, a los municipios, que gozan de jurisdicción específica y que motiva a este análisis.
Así pues las cosas, la SCJN ha ordenado que las cosas objeto material de estudio jurídico de la controversia, queden en suspenso o en el estado en que se encuentran en tanto resuelvan el fondo del asunto. En términos llanos, que sean suspendidos los trabajos de obra pública de los entes en conflicto –Estado de Coahuila y Municipio de Torreón-.
Así pues, el encono ridículo entre Humberto Moreira y su esbirro Eduardo Olmos y José Ángel Pérez ha llegado a la Corte y ésta ha dado su primera resolución temporal: existen elementos para darle entrada al estudio del recurso presentado por el Ayuntamiento de Torreón, que apela que la creación de la Secretaría de Desarrollo Regional invade la esfera municipal y por ello la medida precautoria de la detención.
José Ángel cree que por el momento le ha dado un coscorrón –metafóricamente hablando- al gobernador y su avasallante proceder y ha conseguido que el profesor Moreira, por el momento, no pueda hacer lo que le venga en gana en Torreón. Pero hay un detalle, para que Pérez pudiera darle ese mentado coscorrón, a los torreonenses nos ha dado una paliza.
Pírrica victoria tiene ahora el presidente municipal contra sus enemigos de Coahuila, pero por ahora, la ciudadanía que está próxima a festejar su primer centenario el próximo 15 de septiembre, tendrá que vivir la fiesta en medio de un conflicto de escalada sin igual entre sus autoridades más cercanas: Municipio y Estado, porque la Federación, para la mayoría, no tiene un rostro a quién reclamarle.
Hay que mencionar que esta es la tercera ocasión en que Torreón tiene un alcalde que pertenece a un partido que distintas siglas al del titular de ejecutivo estatal y en las tres ocasiones con los mismos colores, en el Estado el PRI y en la Presidencia Municipal el PAN: Jorge Zermeño cohabitó con el ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy, Guillermo Anaya hizo lo propio con Enrique Martínez y Martínez y ahora José Ángel Pérez con Humberto Moreira.
Nunca las cosas habían estado así de mal entre los gobiernos, tampoco nunca, un gobernador había hecho esa entelequia que le crearon a Olmos, porque ese argumento de tener un supersecretario para la región, tendría un poco de más peso si se hubieran creado las mismas estructuras para el resto del Estado, cosa que al parecer no existe.
La controversia, sin ser abogado avezado ni muchísimo menos, resolverá en términos intermedios, ordenará al ejecutivo estatal que corrija ciertos procesos que ahora hace la Secretaría de Desarrollo Regional en el Municipio de Torreón, pero que Pérez Hernández se olvide de que la Corte disolverá a la dependencia de Eduardo Olmos, ya que el gobernador tiene facultades legales, que le fueron ratificadas en el Congreso local, vía la las reformas necesarias a la leyes aplicables, para realizar este tipo de actos.
Esto por supuesto es sólo un pronóstico, con los días se habrá de ver qué ten certero fue.
