A la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo federal se le harán los cambios y se dejarán a salvo las garantías individuales.
De acuerdo con el proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República, forzosamente se requerirá orden del juez para que las policías puedan hacer un cateo, arraigo o intervención telefónica.
Se creará un grupo de jueces "específicos" para que puedan atender de inmediato, las 24 horas del día, peticiones de las policías en ese sentido.
Incluso se prevé que esas peticiones para obtener las órdenes respectivas se puedan hacer por teléfono o correo electrónico, lo que evitaría la filtración de información o que los delincuentes que hayan sido ubicados en un domicilio tengan tiempo de huir.
Ante la preocupación de académicos, especialistas en derecho, partidos y organizaciones sociales por los riesgos que implicaría una reforma que pasara por alto las garantías individuales de los mexicanos, se ha llegado a la conclusión de que no es posible que las policías actúen sin órdenes dictadas por los jueces.
Hay un proyecto en esta materia que la presidencia de la Comisión de Justicia del Senado ha venido consultado con las partes, con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, con la PGR y los legisladores.
Sería la contrapuesta a lo que planteó el presidente en la iniciativa que envió en marzo pasado al Congreso de la Unión. El ejecutivo quería que en aras de actuar con mayor eficacia contra el crimen organizado, los policías intervinieran teléfonos, hicieran cateos o realizaran arraigos sin necesidad de la orden anticipada del juez.
Hacerlo de esa manera porque en la actualidad, cuando los policías consiguen la orden del juez, los delincuentes ya huyeron o cambiaron de número de teléfono.
Lo que han logrado los legisladores integrantes de la Comisión de Justicia del Senado es que se dejen a salvo las garantías individuales consagradas en la Constitución.
Ante el argumento de que en otros países hay corporaciones policiales especiales que llevan a cabo acciones sin la orden del juez, los legisladores han dicho que en México todavía no se tiene un cuerpo de seguridad altamente calificado y confiable para hacer lo mismo.
En el país, por el perfil de los policías, se correría el riesgo de que se cometieran abusos con la bandera de combatir el crimen, han advertido los senadores.
Para impedir que se atente contra las garantías individuales, hay consenso es que es indispensable la orden del juez.
Correspondería al poder judicial hacer la selección de los jueces que atenderían las urgencias de los policías.
Se estima que sería suficiente con siete u ocho jueces en el territorio nacional para ese propósito, dijo el senador Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República.
Estos jueces, de acuerdo con el senador, para protegerlos, no se involucrarían en los procesos penales.
González Alcocer calculó que para octubre o noviembre podría estar afinado el dictamen que se presentaría en el pleno del Senado.
